¿Está viviendo México el inicio de un nuevo régimen político? Esa discusión no puede resolverse ahora sino cuando el actual gobierno ya sea historia. Sin embargo, el someter a juicio a una ex secretaria de Estado por corrupción puede ser indicador de una transformación de fondo en la naturaleza de lo heredado.
Si por régimen se entiende “el conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y los valores que animan la vida de tales instituciones” (Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, Diccionario de política, México, 1988, p. 1409), entonces, por lo que a la estructura institucional de nuestra política se refiere, aún no hay una ruptura con el pasado.
Ahora bien, si ponemos el acento en la segunda parte de la definición, en “los valores que animan la vida de tales instituciones” entonces se abre la posibilidad del cambio de fondo.
En numerosas ocasiones Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha señalado que su gobierno se distinguirá por su frugalidad. Él mismo ya puso el ejemplo al bajarse sustantivamente el sueldo, cambiar la suntuosidad de “Los Pinos” por un departamento en la parte trasera del Palacio Nacional, prescindir del Estado Mayor Presidencial y las Guardias Presidenciales, vender el avión presidencial y viajar en líneas comerciales, etcétera. Se trata de un cambio importante de estilo, pero aún no de fondo.
Lo que de lograrse sí será una mutación de fondo es la lucha contra un mal público endémico: la enorme corrupción. Desde hace mucho el aparato político y administrativo adquirió, como su sentido último, la extracción ilícita de recursos a la sociedad en beneficio de la élite del poder. Si se llega poner fin a la gran corrupción, el cambio respecto del pasado sí será profundo. Junto a esta lucha está el esfuerzo por separar de manera tajante al poder político del poder económico. Hasta el 1° de diciembre pasado, el gran capital y el poder político estaban fundidos en un abrazo tan estrecho que no era posible distinguir a uno del otro, como lo mostró el caso simbólico de la “casa blanca” de Peña Nieto y el grupo Higa. La cancelación de la construcción del gran aeropuerto de Texcoco fue, en parte, un acto que buscó dejar en claro que ya no se mantendría esa identidad entre gobierno y gran capital, pero más importante fue cancelar la posibilidad de volver a condonar impuestos por miles de millones de pesos a la gran empresa privada.
En el pasado, la violencia fue la partera de los cambios de régimen en México: la independencia, la Reforma y la Revolución de 1910. En esos casos el olor a pólvora impregnó la atmósfera política por años (aunque, al final, los efectos del cambio resultaron menores a lo prometido). Afortunadamente, hoy, una serie de factores internos y externos permitieron que las urnas fueran el ariete que abriera la puerta al cambio. Quizá por eso, por la ausencia del drama revolucionario y por mantener una constitución hecha hace más de un siglo, para muchos no es claro que la coyuntura pueda derivar en un cambio político de fondo pese a que hay indicadores de transformación significativa.
Al asumir el poder, AMLO señaló que él no consideraba útil invertir tiempo y energía en poner frente a un juez a funcionarios corruptos del pasado —una multitud—, sino dedicar todo su esfuerzo a la tarea de enfrentar inercias, deshacer intereses creados de carácter ilegítimo y transformar el presente para cambiar al México oligárquico, excluyente y violento de hoy. En este contexto, el objetivo central no es llamar a cuentas al pasado sino echar los cimientos de la nación futura. Sin embargo, es claro que resulta imposible edificar lo nuevo sin tener que exigir responsabilidades al pasado inmediato simbolizado, entre otras cosas, por los escándalos de la llamada “estafa maestra” o los sobornos de Odebrecht.
Por su contenido, pero también por la forma en que una fiscalía ya independiente está enfrentando el caso de la gran “estafa maestra” y quizá pronto otros casos similares —el de Pemex, por ejemplo— el gobierno de AMLO pudiera estar dando pasos legales y políticos indispensables para asentar y hacer creíbles los valores que deberán animar a la estructura institucional de un nuevo régimen.
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