Para evaluar significado y alcance del documento de dos cuartillas que el embajador de Estados Unidos en México hizo público el pasado 22 de agosto y que ha llevado al gobierno mexicano a presentar una nota de extrañamiento a la embajada y al presidente Andrés Manuel López Obrador a declarar “en pausa” su relación con la misma, se puede empezar por entender que si bien la forma el documento no es la propia de una nota de protesta, en la práctica sí lo es. Es una “protesta preventiva” contra algo que aún no ocurre pero que pronto ocurrirá: una modificación sustantiva en el procedimiento por medio del cual se nombrará a los miembros del poder judicial de nuestro país. La posible modificación es un asunto consustancial a nuestra soberanía, pero la gran potencia vecina decidió hacer evidente que también es asunto suyo porque México está en su zona de influencia.
El documento ese presenta como un mero comentario de carácter personal, como un “punto de vista” del signatario y que tiene como meta compartir con México la experiencia de alguien que por un cuarto de siglo actuó en las cortes de su país en calidad de abogado y procurador estatal. De esta forma el embajador buscó evitar expresarse oficialmente como lo que es, el representante de una gran potencia que reprueba lo que está ocurriendo en una zona de su interés.
De entrada, el embajador hace saber que él sí sabe de lo que habla para advertir a quienes aparentemente no lo saben -el Presidente mexicano, los legisladores y al pueblo mismo- de las terribles consecuencias de lo que pretenden hacer. La conclusión de esas, llamémosle “reflexiones”, es que no se debe seguir adelante con el proyecto de reforma judicial tal como el Presidente lo presentó al congreso. El embajador no cuestiona la legitimidad del empeño mismo -reformar al Poder Judicial-, sino el pretender que en el futuro la elección de sus miembros quede en manos de los ciudadanos. Y es que eso implica un “riesgo mayor” para la democracia pues abre la puerta a la “corrupción de la política” y afecta “la confianza de los inversionistas en el marco legal de México” al facilitar que “actores malignos” puedan aprovecharse de “jueces inexpertos”.
El documento no niega que el sistema judicial mexicano está afectado por la corrupción, pero “en mi punto de vista” -la expresión vuelve a suponer que el documento es sólo una opinión personal- la “elección directa y política de jueces” no resuelve el problema y en cambio afecta la “calificación” que deben de tener los juzgadores lo que a su vez redundaría en la buena marcha de la integración económica de la América del Norte.
De entrada, hay que desechar la supuesta preocupación del gobierno norteamericano por el posible efecto que la reforma judicial pueda tener sobre la democracia mexicana. La historia simplemente no la avala. Washington suscribió y celebró el tratado original de libre comercio en 1994 con el gobierno de Carlos Salinas, sin importarle que éste fuera producto del régimen antidemocrático y que su elección fuera todo menos limpia. Lo que preocupa a su gobierno es la elección “política de jueces” pero en realidad cualquier método de selección de jueces es política. Una prueba de ello se tiene en los constantes debates en torno a la designación de los miembros de la Suprema Corte en Estados Unidos. El que las elecciones directas de los jueces puedan abrir la puerta de los juzgados a los carteles de la droga, a otros “actores malignos” y “a la corrupción de la política” implica no reconocer que esa puerta ha estado abierta desde hace mucho.
El embajador como consejero aparece en una coyuntura donde, tras el apoyo abrumador en las urnas a Claudia Sheinbaum, los enemigos del proceso de cambio política están empeñados en una defensa casi numantina del actual poder judicial porque este es un reducto del antiguo régimen.
El documento del embajador de la gran potencia que se ostenta como la gran defensora de la democracia en el orbe constituye una intromisión en asuntos internos de nuestro país que objetivamente apuntala el discurso de la oposición y perdedora de las últimas elecciones. Y queda claro que en la batalla política que tiene lugar en México el “factor norteamericano” juega como refuerzo de los defensores del status quo. Entre líneas, el embajador sugiere lo que ya su prensa advierte con claridad: que México tiene un flanco muy débil por el que le puede atacar y es su dependencia económica respecto de Estados Unidos. En efecto, el documento en cuestión sugiere que si la pretensión de reformar al corrupto aparato de justicia de nuestro país sigue adelante se “debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte”. Canadá ya anunció que respalda esta posición.
La relación de México con Estados Unidos nunca ha sido ni será fácil, pero se complica más cuando el primero intenta cambios internos que afectan o pueden afectar intereses políticos o económicos del segundo. Y es justo en vísperas de la entrega del mando del primer gobierno de la 4T al segundo que Washington decidió que ese era el momento de leerle la cartilla a su vecino sureño. La gran potencia juega rudo y hoy ha dejado en claro una vez más la “buena vecindad” siempre es relativa.
