Para J. A. Ortiz Pinchetti, deseándole lo mejor.
La plena capacidad y voluntad del gobierno y del Estado mismo deben concentrarse ya en el enfrentamiento definitivo entre los investigadores y los intereses civiles y militares que por años han impedido cerrar con credibilidad ese enorme crimen de Estado que es el caso Ayotzinapa. El gobierno anterior estaba obligado a resolver dicho crimen, pero careció de la voluntad para hacerlo y al final se deslegitimó en extremo. El actual gobierno simplemente no puede, ni debe, darse el lujo de heredar al siguiente tamaña responsabilidad y oportunidad de mostrar que “no somos lo mismo”: tiene que armar y bien la respuesta a semejante injusticia. Y el tiempo ya no le sobra.
Dentro de cualquier complejo burocrático pueden existir nichos donde operen residuos del pasado que arruinen el presente y comprometan el futuro. En el caso del gobierno mexicano es evidente la persistencia de estructuras administrativas que padece, a la vez, elefantiasis y corrupción crónicas y son fuente de un descontento ciudadano que, en ciertas coyunturas críticas —y es el caso de lo sucedido en Iguala en septiembre de 2014—, pueden desembocar en sabotaje de políticas clave y deslegitimar el esfuerzo histórico por hacer efectivo el mandato de las urnas de 2018 y que es transformar la naturaleza misma del sistema de justicia y de la relación entre ciudadanos y autoridades.
En una conferencia “mañanera” reciente el presidente de la república afirmó que dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) —heredera de la tristemente célebre Procuraduría General de la República (PGR)— hay elementos que deliberadamente han operado para evitar que se esclarezca lo ocurrido en Iguala. Lo calificó de una suerte de rebelión interna que alteró una lista de personal civil y militar elaborada en base a investigaciones hechas por una comisión de la verdad presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y cuyo propósito era iniciar juicios por su responsabilidad directa en la perpetración y encubrimiento del crimen de Iguala. En la lista estaban el ex Procurador General, Jesús Murillo Karam y un general en retiro pero que en 2014 comandó al 27° batallón de infantería estacionado en Iguala.
Tras ocho años en espera de la justicia para el caso Ayotzinapa la opinión pública nacional e internacional demanda certezas y ya no hipótesis. Requiere de una fuente única de información del más alto nivel posible que sustituya esa sopa de letras que hoy surte a la prensa de datos e interpretaciones contradictorias y parciales: FGR, CVAJ, GIEI (nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la UEFGR (Unidad Especial de la FGR para el caso Ayotzinapa), Sedena, Semar y otras más. Tras años de manoseo de la información y pocos resultados, esa fuente no puede ser una fiscalía para revelar la verdad que pretendió sepultar la “verdad histórica”, sino la propia presidencia o el subsecretario Encinas, pero respaldado en cada paso por la figura presidencial por ser la de más alta credibilidad dentro del gobierno.
Y la información debe estar blindada a prueba de errores para no volver a ser cuestionada por la prensa nacional o internacional o por el propio grupo de padres de los estudiantes desaparecidos. El lenguaje de la explicación pública deber ser absolutamente claro y comprensible pues el ciudadano que deberá juzgarla no es un abogado ni un investigador. Finalmente, si alguien pretende volver a sabotear el proceso debe ser expuesto clara y públicamente, ya sea civil o militar.
Por la credibilidad de su proyecto de cambio histórico —la 4T— este gobierno ha enfrentado con éxito varias veces a intereses creados enormes. En el caso Ayotzinapa no puede permitirse dejar abierto el expediente de un crimen de Estado pues afectaría negativa e injustamente todo su legado.
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