El día de ayer, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó al Inai a poder sesionar válidamente con solo cuatro de los siete integrantes de su pleno hasta en tanto el Senado no cumpla con su obligación de nombrar a los nuevos comisionados que deben cubrir las vacantes que se habían producido.
En ese sentido, la Corte suspendió temporalmente la aplicación del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que el quórum requerido para que el máximo órgano del Inai pueda sesionar es de cinco comisionados, hasta en tanto la situación de excepción provocada por la omisión parlamentaria de procesar los nombramientos perdure y el orden constitucional no se reestablezca.
Con lo anterior, y luego de cinco meses paralizado, el Inai podrá retomar su tarea de combatir la opacidad gubernamental y podrá resolver los más de 8,200 medios de impugnación que esperan ser resueltos y que se fueron acumulando a lo largo del periodo de parálisis institucional, inducida voluntaria y dolosamente por la mayoría morenista en el Senado de la República, al haber incumplido realizar las designaciones correspondientes.
De este modo se terminó el “mundo ideal” para el gobierno que, por expresas instrucciones presidenciales, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, les pidió provocar a los senadores del oficialismo instándolos, hace unos meses, a no cumplir con su obligación constitucional de designar a los sustitutos de los comisionados que habían concluido su mandato.
Así, finalmente y por fortuna, dejó de provocar sus efectos el boicot constitucional a la transparencia provocado por la ilegal, contumaz y arrogante postura de la mayoría parlamentaria presumida por el senador de Morena Félix Salgado Macedonio, que espetó públicamente que los nombramientos se iban a realizar “cuando nosotros digamos porque ahora somos la mayoría”.
Una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación se consolidó como el bastión de defensa del estado constitucional democrático de derecho frente a los intentos autoritarios por desmantelarlo que, sistemáticamente y en múltiples frentes, se ha puesto en marcha desde el oficialismo.
Hay que celebrar, de nueva cuenta, el empaque y consistencia que la mayoría de las y los ministros están demostrando y que nos corresponde respaldar desde la sociedad frente a la descalificación, el denuesto y el acoso que están siendo objeto desde el poder. Debe reconocerse la postura que, en ese sentido, sostuvieron los ministros Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar que, con su voto de ayer en la Segunda Sala, le dieron vía libre al Inai para reactivar su papel de garante de la transparencia frente a la opacidad y el secreto del poder, frente al previsible voto en contra de Yasmín Esquivel quien de esta manera ratificó, una vez más, su condescendencia y subordinación a la voluntad gubernamental.
El episodio del Inai es una muestra más de la estrategia gubernamental encaminada a concentrar el poder de manera autoritaria (y por ello, antidemocrática e inconstitucional) centrada en debilitar, capturar o paralizar a los órganos de control del Estado mexicano. Frente a la imposibilidad de hacer nombramientos de personas que actúen como correa de transmisión de sus intereses —como ocurrió con el lamentable caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos—, el gobierno ha optado por una estrategia de descalificación permanente a los órganos de control, acoso personal a sus funcionarios, restricciones presupuestales y, ahora, impedir su funcionamiento al no designar a sus integrantes. Por eso, la resolución de la SCJN desactiva, en ese sentido, la última de esas intentonas y sienta un importante precedente para futuras ocasiones.
Aprender como ciudadanos de estas lecciones es importante para que, de cara a una elección como la del próximo año, en donde además de la Presidencia de la República se renovarán en su totalidad las cámaras del Congreso de la Unión, decidamos con nuestro voto si al próximo gobierno le otorgamos una mayoría parlamentaria afín, o bien, le generamos un contrapeso democrático que impida que los abusos que han caracterizado a la actual administración.
Queda en nuestras manos el impedir que futuras mayorías abusivas y autoritarias pretendan imponer su voluntad y frenar así intentos de devastación institucional como los que se ha propuesto en estos años la sedicente transformación.