La transparencia en el ejercicio del poder público es un componente fundamental de todo sistema democrático, al grado de que, sin transparencia, simplemente no hay democracia. Norberto Bobbio dice que ese régimen político consiste en el “ejercicio del poder público en público” y llega incluso a afirmar que: con “el paso de la democracia directa a la democracia representativa —de la democracia de los antiguos a la democracia de los modernos— desapareció la reunión en la plaza, pero no la exigencia de «visibilidad» del poder” (Teoría General de la Política, 1999 [ed. it.], p. 339-340).
No es casual que el derecho a la información, es decir el derecho de los ciudadanos de conocer toda la información relativa a los asuntos públicos como regla (con excepción de algunos que excepcionalmente son considerados como reservados o confidenciales), se hubiera establecido en la Constitución en el marco de la reforma política de 1977 que es la que arrancó el proceso de transición a la democracia en nuestro país (con independencia de que, inicialmente, ese derecho se reservó a los partidos políticos).
La lógica es sencilla: si la democracia supone que la fuente de la que emana el poder público es el voto de las y los ciudadanos, éstos deben contar con la información puntual de cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los asuntos gubernamentales y cómo se administran los recursos públicos que cada uno de nosotros contribuye a generar. Sólo teniendo esa información el voto puede ser informado y los derechos de participación política pueden ejercerse a cabalidad.
Así, la transparencia se convierte en uno de los más poderosos mecanismos de rendición de cuentas que caracterizan a las democracias; por lo que, ir en contra de la transparencia significa, simple y sencillamente, ir en contra de la democracia.
Por eso, históricamente, los gobiernos autoritarios son enemigos de la transparencia; ellos naturalmente abogan por el secreto y por la opacidad en la gestión pública (los arcana imperii).
En México ese derecho es garantizado desde 2002 por un órgano, el IFAI que más tarde, en 2015, adquirió el rango de órgano constitucional autónomo transformándose en el INAI, el cual es responsable de resolver todos aquellos recursos que la ciudadanía interponga en contra de las negativas de los órganos públicos a entregar la información que les es solicitada. En ese sentido, el INAI se ha convertido en un importante órgano de control del poder en nuestro esquema constitucional de pesos y contrapesos.
Por ese hecho el INAI ha sido destinatario frecuente de las descalificaciones y agresiones de que han sido objeto todos los órganos de control y de garantía de derechos desde el gobierno y los circuitos gubernamentales —tan típicas de los últimos cuatro años—. Sin embargo, el Instituto nunca había sido colocado en una situación de inoperancia como ahora que, ante la falta de tres de los siete comisionados que concluyeron sus encargos (dos hace casi un año y el tercero el 31 de marzo pasado) y la omisión del Senado de nombrar a sus sustitutos obedeciendo una instrucción presidencial en ese sentido, su Pleno no está en posibilidades de reunir el quórum legal para poder sesionar (la ley de la materia establece que se requiere la presencia de cinco de sus miembros).
Bajo la falsa premisa de que el INAI “no ha servido para nada” (que cae por su propio peso si se piensa que algunos de los más graves casos de corrupción de las pasadas administraciones —y también de la actual— han derivado de resoluciones de acceso a la información determinadas por el Instituto), desde el poder se inaugura esta nueva modalidad de acoso a los órganos de control: la omisión legislativa de nombrar a sus integrantes para paralizarlas. Eso significa para el nuevo ejercicio del poder vivir en “el mundo ideal”.
Afortunadamente, en una de sus últimas decisiones antes de quedar estancado el Pleno del INAI decidió presentar una Controversia Constitucional ante la SCJN en contra de la omisión del Senado. Una vez más será la Suprema Corte la que tendrá que resolver si, como lo desea el poder, prevalece su voluntad (se van a nombrar a los comisionados “cuando nosotros digamos”, llegó a decir en el límite del cinismo un senador de la mayoría oficialista), o bien el orden constitucional y legal.
Toca ahora a la ciudadanía el turno de defender a la transparencia, otra de las conquistas democráticas que se busca derruir desde el poder.
Investigador del IIJ-UNAM.
