Si aún prevaleciera un mínimo de decencia (ya no digo una pizca de responsabilidad de Estado) en quien conduce el gobierno, la terna de candidatas que presentó el presidente de la República al Senado para sustituir a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habría resultado impensable.
De hecho, si a esas nos vamos, lo que detonó esa decisión presidencial, la renuncia misma de un ministro, que, de acuerdo con el artículo 98, sólo procede por causas graves, para sumarse a una campaña política, es todavía más indecoroso.
El anuncio de Zaldívar de renunciar a la Corte para contribuir a los esfuerzos de la “transformación” del país y su aparición pública al lado de Claudia Sheinbaum comunicando que se sumaba a su campaña presidencial cuando aún era ministro y su renuncia todavía no había sido aceptada ni por el presidente, ni por el Senado, echan por tierra todas las dudas que podían tenerse respecto a si su clara cercanía con el gobierno federal cuando era presidente de la SCJN era una estrategia para contener el avasallante poder presidencial o bien la expresión de una cercanía y condescendencia política con éste.
En su momento, hubo quienes reflexionando sobre “¿cuál es el mejor camino, el confrontativo o el directamente convencer al presidente?” (https://is.gd/plKwnH), subrayaron la pertinencia de la estrategia seguida por el entonces presidente de la Corte frente a la actitud asumida por el INE de salir a aclarar las mentiras y responder al acoso de que era objeto por parte del gobierno federal.
Hoy, a la luz de la decisión de Arturo Zaldívar de dejar la toga del juez constitucional para pasar, sin interludios ni pudor, a hacer política partidista, deja en claro que la cercanía que ostentó cuando presidió el máximo tribunal del país con López Obrador, no era una estrategia de defensa del Poder Judicial, sino la expresión de una afinidad política que ahora se reconoce sin tapujos.
Lo más grave es que la renuncia de Zaldívar alteró los ciclos de renovación escalonada de la SCJN y le regaló al presidente López Obrador un quinto nombramiento de ministros que pone claramente en riesgo la autonomía del máximo tribunal del país. En efecto, el mismo presidente ha señalado que quienes, habiendo sido propuestos por él como ministros, no defendieron las decisiones del gobierno y su servil mayoría parlamentaria y en cambio asumieron su rol con la independencia que supone el cargo y sin otra lealtad más que a la Constitución y sus mandatos (la ministra Ríos Fajart y el ministro González Alcántara), son unos viles traidores del pueblo.
Así, el Presidente impúdicamente confiesa que él no quiere a jueces, sino a personeros de su proyecto político, cuando señala que se ha equivocado al proponer a quienes han votado en contra de la constitucionalidad de las leyes y reglamentos que ha aprobado.
La terna que acaba de presentar con sus candidatas para sustituir a Zaldívar es la mejor prueba de que no quiere repetir el error. Ha propuesto, en efecto a tres funcionarias de su gobierno: María Estela Ríos, titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo; Lenia Batres, Consejera Adjunta en la misma Consejería Jurídica, y Bertha María Alcalde, quien ha ocupado cargos de importancia en la Secretaría de Seguridad y en la Cofepris durante el actual sexenio. Dos características reúnen todas ellas: son militantes de Morena y tienen una lealtad probada al Presidente.
La senadora Olga Sánchez Cordero ha tratado de justificar las propuestas afirmando que en el pasado muchos de los candidatos eran militantes del PRI. Tiene razón, pero olvida dos cosas: que eso ocurría en los tiempos de un autoritarismo que afortunadamente dejamos atrás y que se suponía —o al menos eso presumen— que quienes hoy gobiernan el país son distintos.
El final de esta historia es previsible: difícilmente en el Senado se alcanzará la mayoría calificada para nombrar alguna de las propuestas de esta terna, el Presidente propondrá otra con nombres igualmente intransitables (de hecho basta que cambie a una sola de sus candidatas para que se considere que es una nueva terna) y al final él nombrará a quien se convertirá en la tercera ministra incondicional a su proyecto político.
Lo dicho, el llamado al abordaje y a la colonización política de la Corte está en marcha.