Las democracias modernas son, por definición, representativas. La masificación de las sociedades ocurrida desde el siglo XIX, hizo que los mecanismos de democracia directa fueran, en el mejor de los casos, complementarios y nunca sustitutivos de los de representación política. El mismo Rousseau, teórico de la democracia directa, reconoció que ésta resultaba imposible en los Estados nacionales y, si acaso, podía practicarse sólo en pequeñas comunidades políticas.
Ahora bien, del modo en que se instrumenta la representación política depende la calidad de una democracia. Si el sistema utilizado distorsiona en los órganos representativos (el Congreso, por ejemplo) el reflejo del cuerpo político representado (los votantes), la calidad de esa democracia inevitablemente baja. Por eso, el modo en el que se traducen los votos en escaños resulta crucial.
Y es que el mero fenómeno de la representación en sí no necesariamente es compatible ni funcional con un sistema democrático. En efecto, incluso en las monarquías absolutas se presenta una representación política cuando el monarca actúa y toma decisiones en lugar de todos aquellos sobre los que ejerce su mandato. Para que la representación sea democrática se requiere, por lo tanto, algo adicional a que haya alguien que toma decisiones por nombre y cuenta de otras personas.
Michelangelo Bovero (Una gramática de la democracia, Trotta, 2002), explica el punto recurriendo al doble significado del término latino repraesentare que sirve de raíz etimológica del concepto moderno y que significaba, por un lado, “ponerse en lugar de alguien y actuar en lugar de éste” (esto ocurre siempre que se presenta el fenómeno de que alguien decida por los demás con independencia de que estemos en una autocracia o en una democracia), pero también, por otro lado, el “ser un espejo, reflejar, reproducir fielmente” a un determinado objeto o sujeto (y eso ocurre sólo bajo ciertas condiciones y circunstancias).
Así, del modo en el que se produce ese reflejo de la diversidad política de la sociedad en sus órganos de representación política depende la calidad de esa democracia; si esa representación se distorsiona, aquella disminuye, si es más precisa y ajustada a la realidad, aumenta. En ese sentido, la búsqueda de la máxima proporcionalidad posible constituye principio democrático fundamental.
Hay un caso multicitado que constituye el mejor ejemplo de distorsión de la representación democrática: en las elecciones de 2005 en el Reino Unido, el Partido Laborista obtuvo el 35% de los votos, pero el sistema electoral británico (exclusivamente de mayoría relativa) provocó que alcanzara el 55% de los escaños en el Parlamento. Esa sobrerrepresentación del 20% provocó que un partido que había sido respaldado únicamente por 3.5 de cada 10 electores pudiera por sí solo legislar, formar gobierno y tomar todas las decisiones colectivas por sí solo.
En el otro extremo, está el caso alemán que, con un sistema electoral mixto, apuesta por procurar la máxima proporcionalidad posible e incluso reserva un cierto número de diputaciones que son asignadas sólo en caso de ser necesario para garantizar que la proporción de escaños que obtiene cada partido corresponda exactamente con el porcentaje de votos que recibió.
La introducción de las diputaciones y de senadurías de representación proporcional en México no sólo sirvió para permitir la representación de los partidos minoritarios, sino también para compensar por esa vía la sobrerrepresentación que provoca inevitablemente el sistema de mayoría relativa (en el que los votos emitidos por los candidatos perdedores no están representados). De hecho, tan la sobrerrepresentación es considerada como un fenómeno disruptivo e inconveniente que la Constitución le pone un límite de 8% (que en el futuro debería incluso eliminarse).
Los objetivos son claros y expresos: en primer lugar, garantizar la representación de la diversidad y del pluralismo que caracteriza a nuestra sociedad y, en segundo término, evitar que mayorías artificiales puedan imponerse a partir de un peso político que no corresponde efectivamente con su respaldo social.
Eso es lo que está en juego con la decisión de cómo asignarán las diputaciones plurinominales en los próximos días, si se respeta efectivamente la voluntad ciudadana expresada en las urnas, o si ésta se distorsiona conformando una mayoría espuria que tiene, además, una profunda vocación autoritaria.
Investigador del IIJ-UNAM