En el contexto del asalto a la justicia emprendido el oficialismo, han podido mostrarse con claridad dos caras distintas dentro del Poder Judicial.
Por un lado, están quienes han emprendido una intensa lucha por defender la independencia y la autonomía de la judicatura, frente a la grave amenaza que representa el plan de reinstauración autoritaria (el Plan C) que pretende elegir popularmente a todos los jueces del país y, con ello, someter a los impartidores de justicia, que deben ser equidistantes frente a los intereses políticos, a la voluntad política de la mayoría que los elegiría.
Por el otro, hay algunos juzgadores que han decidido convenenciera y servilmente someterse a los intereses del poder y actuar como correas de transmisión del mismo, actuando y decidiendo de manera aquiescente y burda conforme a las pretensiones gubernamentales.
Entre los primeros están claramente las y los jueces y magistrados federales, acompañados de los trabajadores del Poder Judicial, que detonaron hace unos días un paro indefinido de labores en protesta por la propuesta de reforma que presentó en enero pasado el presidente López Obrador. Una propuesta que se trata de una clara venganza en contra de un poder del Estado que no se plegó a sus pretensiones y que frenó muchos de los incontables abusos de poder e ilegalidades que, tanto el gobierno como el Legislativo dominado por Morena, cometieron en los últimos años (tal y como lo había hecho, en el pasado, frente a las arbitrariedades cometidas por las administraciones anteriores). A estos hay que sumar a la mayoría de las y los ministros de la Suprema Corte, principales sujetos de las descalificaciones del presidente y de sus adláteres, y que han resistido el acoso del poder.
Entre los segundos están, por supuesto, las tres ministras que sistemáticamente operan en la SCJN en defensa de los designios presidenciales (tanto en el discurso como con el sentido de sus votos) pero también, de manera vergonzosa, varios de los magistrados electorales federales que, en vez de ser imparciales y autónomos garantes de la legalidad electoral, así como de los principios y valores democráticos —como lo exige la Constitución—, se han convertido en condescendientes validadores de las violaciones cometidas por el gobierno y su partido a las normas de la materia.
Las decisiones que diversas salas del TEPJF han venido tomando en las últimas semanas hablan de un órgano de justicia que claudicó a hacer prevalecer la Constitución y el orden democrático y que actúa con una acomodaticia indulgencia legitimadora de los abusos que el morenismo ha cometido. Así ha ocurrido con la Sala Especializada que, acorde a su proverbial lentitud para resolver los asuntos de su competencia, esperó hasta que hubieran pasado las elecciones federales para determinar el presidente había intervenido ilegalmente en las elecciones de gubernaturas en Coahuila y el Estado de México realizadas más de un año antes. También con la Sala Regional de la Ciudad de México que el domingo pasado convalidó el atraco cometido por Morena, el PVEM y el PT de siete escaños plurinominales en el Congreso capitalino y que antes habían avalado inconstitucionalmente los órganos electorales locales. Pero sin duda el ejemplo más ominoso es el de los tres magistrados que hoy conforman la mayoría en la Sala Superior (artificial, por cierto, dado que, convenientemente, Morena en el Senado ha frenado la designación de las dos magistraturas vacantes) que, desde hace meses, se han puesto al servicio del poder. Ellos, revocaron la determinación que le imputaba violencia política de género a López Obrador en contra de la candidata presidencial opositora, minimizaron y desestimaron la reiterada y sistemática intervención inconstitucional del presidente de la República en el proceso electoral de este año y seguramente convalidarán la sobrerrepresentación artificial de Morena y sus partidos satélite en la Cámara de Diputados (resolución que se tomará unas horas después de escribir estas líneas).
Se trata de los mismos magistrados que han guardado un preocupante silencio ante el grosero soborno propuesto por Morena de prolongar inconstitucionalmente los mandatos por los que originalmente fueron designados.
Si alguno se cuestiona cómo será el Poder Judicial si se concreta la aberración representada por el Plan C, basta con asomarse al espejo del TEPJF para entender lo que es la justicia subordinada al poder político.
Investigador del IIJ-UNAM