Como corresponde a toda universidad pública, la UNAM es un espacio de pluralidad, tolerancia, convivencia civilizada y pacífica de las diversas posturas ideológicas, así como de preeminencia del conocimiento científico por encima de la superchería y el fanatismo (político y religioso).
Por supuesto que en la UNAM existen algunas posiciones radicales, sectarias e intolerantes (como casi en todos lados) pero son pocas, marginales y de ninguna manera impiden que el ambiente imperante sea de respeto a todas las posturas de pensamiento, al análisis crítico de los problemas nacionales y a la libertad de cátedra y de investigación.
Esas son las razones fundamentales por las que al morenismo la UNAM le resulta incómoda. El oficialismo, además de que padece el grave mal de la “autonomofobia”, repudia, como ocurre con toda mentalidad autoritaria, todo espacio de libertad y crítica.
La llegada al poder de López Obrador, lejos de implicar un reconocimiento a la labor de la Universidad Nacional y un respaldo a su función por ser el primer presidente egresado de sus aulas (aunque hubiera tardado 14 años para hacerlo) desde Salinas de Gortari, abrió la temporada de mayor acoso y hostilidad desde el gobierno que se tenga memoria en las últimas cuatro décadas y media. En efecto, la descalificación permanente, el hostigamiento discursivo y los “errores” han sido el sello distintivo de la relación que han establecido los gobiernos morenistas con la UNAM.
Apenas a unos días de haber comenzado su mandato, el 12 de diciembre de 2018, López Obrador mandó al Congreso una iniciativa de modificaciones constitucionales para revertir la reforma educativa de Peña Nieto y en la propuesta de redacción del artículo 3° se eliminó la referencia a la autonomía universitaria que desde 1980 se consignaba en el mismo. La reacción de repudio que se generó rápidamente llevó al morenismo a enmendar lo que se justificó como un “error de transcripción” y a dejar intacta la mención constitucional.
Lo anterior podría parecer un incidente aislado y una probable equivocación, si no hubiera coincidido con pretensión de reducir en un 6% de los recursos federales destinados a la UNAM que se propuso en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2019, el primero del morenismo, y que, tras el amago, terminó eliminándose y entregando los montos solicitados.
Los años que siguieron fueron de descalificaciones continuas desde los circuitos del poder argumentando que la Universidad se había derechizado, que nunca había criticado a los gobiernos neoliberales, que los universitarios constituían una casta dorada, que en ella no se enseñaba derecho constitucional, que no existía democracia en su interior, que el gobierno universitario estaba cooptado por una mafia y no sé cuántas habladurías más.
Paralelamente, en el ámbito local y federal, varios legisladores de Morena presentaron iniciativas de reforma a las leyes orgánicas de las universidades públicas (incluida la UNAM) —la última de ellas, apenas en el verano pasado— para establecer la elección universal de sus directivos —algo demagógicamente anunciado como la “democratización de las universidades”—, que salvo en el caso reciente de la Universidad Autónoma de Sinaloa sólo han quedado en meras amenazas.
El último capítulo de esa historia le corresponde a la actual administración, al haber incorporado en la propuesta del PEF para 2025, un recorte generalizado a las instituciones públicas de educación superior (con excepción, casualmente, de la UACM y de las morenistas “Universidades del Bienestar”), que en el caso de la UNAM equivalía a una reducción de 14.5% en términos reales. Tras la oportuna y contundente reacción de las autoridades universitarias, esa medida fue descalificada por la presidenta y considerada como un “lamentable error” que debería corregirse por la Cámara de Diputados.
Yo no les creo ni de lejos. Aunque es cierto que los morenistas son muy malhechos, vista la cadena de hechos concatenados, hay que ser ingenuos para pensar que no hay una intencionalidad evidente.
Lo que sigue es estar muy atentos para evitar que el recorte se concrete por otro “error” involuntario, y estar conscientes de que la UNAM les estorba y estará permanentemente bajo acecho. La Universidad es el último reducto de autonomía que le queda a la sociedad y hay que defenderla a toda costa frente al acoso gubernamental.
Investigador del IIJ-UNAM.
