La libertad de prensa es uno de los pilares de todo régimen democrático pues constituye uno de los principales mecanismos de control del poder y, además, es una garantía para que las diferentes ideas y posturas que coexisten en una sociedad puedan expresarse y difundirse.
En efecto, en las democracias la prensa revisa, investiga, examina cuidadosamente al poder y hace públicos los resultados de sus indagatorias, permitiéndole a la ciudadanía conocer cómo se toman las decisiones, quién se beneficia de ellas, qué propósitos realmente se persiguen y si en la tarea del gobierno existen irregularidades o abusos y sus responsables. En otras palabras, en las democracias la prensa permite escrutar a los gobernantes, exhibir públicamente su actuación y, por lo tanto, los obliga a ser cuidadosos, a actuar responsablemente, a buscar el beneficio común y no el propio.
Por el contrario, en los regímenes autoritarios, que por definición se sustentan en el secreto y en la opacidad, los gobiernos pretenden controlar la información para que la sociedad conozca sólo aquello que les interesa que sea hecho del conocimiento colectivo y cómo quieren que sea conocido. Por eso todas las autocracias ven en la prensa libre a un potencial enemigo que pretenden controlar y subordinar a sus designios e intereses. Los totalitarismos necesitan de una prensa acrítica que funcione no como medio de información, sino de propaganda; un periodismo que exalte los logros del gobierno, que sirva de megáfono del discurso oficial, que calle ante los abusos del poder y que minimice los problemas existentes.
El balance del gobierno de López Obrador en materia de libertad de prensa es muy negativo y preocupante. No sólo porque, como lo reportan los informes de una multiplicidad de organizaciones internacionales dedicadas a la protección del periodismo y de la libertad de información (como Artículo 19, Reporteros sin Fronteras, o diversos organismos multilaterales), México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, sino porque se trata de una actividad sujeta a un permanente hostigamiento y estigmatización desde el poder.
Bajo el pretexto de su libertad de expresión y derecho de réplica, el Presidente y el aparato de gobierno se han dedicado a descalificar y denigrar a investigaciones periodísticas, medios de comunicación, periodistas y articulistas que le resultan incómodos. Para ello no se han escatimado instrumentos, recursos ni ilegalidades. Por un lado, la publicidad gubernamental se ha utilizado como nunca para premiar o castigar a los medios de comunicación sin otro criterio más que el del control político de la información. Por otro lado, se ha utilizado todo el aparato gubernamental para amedrentar, perseguir y desacreditar a quien ejerza un escrutinio crítico de las decisiones gubernamentales.
Así, el control de las concesiones de las señales radiodifundidas, el aparato fiscal, los mecanismos de inteligencia financiera y las indagatorias penales han sido utilizadas para presionar, chantajear y castigar. Además, la conferencia de prensa diaria y su sección de desmentidos se han convertido en auténticos juicios inquisitoriales en donde se señala, descalifica, juzga y condena a quienes osan escrutar críticamente al poder. Tal ha sido ese abuso, que la Relatoría de Expresión de la CIDH en su Informe Anual 2023 expresó su preocupación por la “creciente estigmatización a la prensa impulsada por el Poder Ejecutivo” con 65 agresiones directas documentadas sólo en el primer semestre de 2023. Una lamentable práctica autoritaria que se ha vuelto cotidiana.
El día de ayer Pablo Gómez, titular de la UIF, investido en su patético papel de “comisario político” del régimen, embistió en la conferencia de prensa presidencial por enésima ocasión contra Latinus, medio al que calificó de “enemigo jurado del gobierno”, acusándolo de corrupción y de recibir recursos indebidos. Además, exhibió ilegalmente ingresos y gastos de la empresa y montos de pagos a algunos de quienes somos sus colaboradores, datos todos ellos protegidos por la ley al tratarse de datos personales de particulares.
Con ello, bajo la premisa de que “lo que no mancha tizna”, el gobierno pretende amenazar a quienes considera sus enemigos y amagar al ejercicio periodístico en su conjunto en su pretensión autoritaria de ejercer un poder total y absoluto.
