Este año el morenismo buscará terminar su obra destructora de la democracia constitucional que construimos, con todas sus precariedades en términos de justicia social, en los últimos treinta años.
He sostenido en varias ocasiones que el proceso de transición a la democracia en nuestro país se sustentó en cuatro pilares fundamentalmente: 1. Un sistema electoral que permitiera la representación de la creciente pluralidad y diversidad política en ambas Cámaras del Congreso federal y en los congresos de los Estados; 2. Un conjunto de instituciones, reglas y procedimientos electorales que inyectaran credibilidad y confianza en los resultados electorales y que permitieran una competencia política equitativa entre los diversos partidos y que evitara la intervención gubernamental en los comicios; 3. Un Poder Judicial autónomo e independiente de los otros poderes del Estado, dotado de un servicio de carrera y de facultades que le permitieran convertirse en un auténtico mecanismo de garantía para los Derechos Humanos y un órgano de control para evitar los abusos del poder político, y 4. Un conjunto de entes constitucionales autónomos que, ejerciendo funciones que en el pasado estaban en manos del gobierno, lo hicieran a partir de criterios técnicos y no políticos y que, de esa manera, reforzaran el sistema de pesos y contrapesos propios de toda democracia constitucional.
En su “Plan C”, López Obrador delineó la ruta para operar una auténtica reacción autoritaria al plantear dinamitar, precisamente, esos cuatro pilares en los que se había fundado nuestra transición democrática.
El morenismo consiguió en 2024 la mayoría calificada en el Congreso (y, con ello, la capacidad de modificar la Constitución a su antojo) mediante una serie de abusos legales y políticos que han sido ampliamente documentados, como la inconstitucional sobrerrepresentación que, con la complicidad del INE y del TEPJF (convertidos en serviles instituciones al servicio del oficialismo), obtuvo en la Cámara de Diputados; o bien el chantaje, amenazas, compra o cooptación de los votos de senadores de oposición necesarios. De esta manera, se dio paso al desmantelamiento del Poder Judicial, propiciando la designación política de sus integrantes a través de las elecciones de jueces, magistrados y ministros que están en curso y, por otro lado, se eliminaron a una serie de órganos constitucionales autónomos que le resultaban incómodos, regresando sus facultades a la órbita del Ejecutivo.
Ahora en este año, el oficialismo va por la culminación de su obra destructora mediante una reforma electoral que elimine la representación proporcional en ambas Cámaras federales (y en los Congresos locales), así como la figura de las senadurías de primera minoría. De este modo, se pretende que el Poder Legislativo se integre únicamente por legisladores electos mediante el sistema de mayoría relativa (300 diputados y 64 senadores), precisamente como ocurría en las épocas de mayor cerrazón política del priísmo autoritario del siglo pasado.
Las consecuencias serían catastróficas para la representación del pluralismo político. Si hiciéramos un ejercicio de integración del Congreso con los resultados de la elección de 2024, en la Cámara de Diputados Morena y sus aliados tendrían 256 de las 300 diputaciones, es decir, un 85.33% del total, mientras que en el Senado tendrían 60 de las 64 senadurías, esto es el 93.75%, siendo que en las respectivas elecciones obtuvieron únicamente alrededor del 55% de los votos.
Por otra parte, se pretende desaparecer al INE y a los OPLE y sustituirlos por una nueva institución encargada de todas las elecciones del país cuyas consejerías serían —como ocurrirá con los jueces— electas por el voto popular y, consecuentemente, subordinadas a los intereses de las mayorías políticas en vez de ser árbitros imparciales. Además, se pretende reducir drásticamente el financiamiento público, disminuir el número de irregularidades previstas por la ley, aligerar la gravedad de las penas por infringir la ley y, por supuesto, abrir la puerta para la intervención libre del gobierno en las contiendas electorales rompiendo así con todo viso de equidad en la competencia electoral.
Con ello, se concretaría la destrucción de los cuatro ejes a través de los que ocurrió la democratización del país y sentar las bases de la regresión autoritaria.
Investigador del IIJ-UNAM