Las manifestaciones que se llevaron a cabo el pasado domingo pasado fueron una extraordinaria expresión de una ciudadanía preocupada por el futuro de su democracia.
La democracia mexicana vive momentos muy delicados. Por un lado, porque estamos adentrándonos en la parte más candente del proceso electoral: las campañas políticas, en las que, naturalmente, las posturas se tensan y la confrontación se incrementa en ese que es, precisamente, el espacio institucional para que los diferentes diagnósticos y las diversas propuestas programáticas se contrasten de cara a la ciudadanía en pos de su voto. Por otro lado, porque existe una amenaza real de una regresión autoritaria a partir del intento de desmantelar la institucionalidad y las condiciones democráticas que se construyeron en las últimas décadas con muchos esfuerzos y grandes consensos políticos.
En efecto, hoy enfrentamos un abierto y declarado intento por desmantelarla y operar una regresión autocrática. Y no se trata de especulaciones o de riesgos abstractos. La presentación de la serie de iniciativas de reformas constitucionales (y algunas legales) por parte del presidente López Obrador el 5 de febrero pasado, define la ruta por la que se busca operar ese desmantelamiento de las reglas, condiciones e instituciones de la democracia, para materializar una reinstauración autoritaria.
Esas iniciativas buscan, para empezar, reinventar la actual institucionalidad electoral, es decir el INE y Tribunal Electoral, para sustituirlos por órganos autónomos sólo de nombre, disminuidos en sus facultades y capturados políticamente a través de la elección popular y directa de sus titulares.
En segundo término, el paquete de reformas también pretende controlar políticamente al Poder Judicial mediante la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, como si éstos fueran representantes de una parte de la población y no garantes técnicos e imparciales de la legalidad y protectores de los derechos de todas y todos, particularmente de las minorías frente a los abusos del poder.
Además, se busca desaparecer a los órganos constitucionales autónomos para que sus funciones y estructuras sean absorbidas por el gobierno, precisamente como ocurría en las épocas del presidencialismo autoritario que, con muchísimos esfuerzos, logramos dejar atrás.
Finalmente, con la desaparición de las diputaciones y senadurías electas mediante representación proporcional y también de las senadurías de primera mayoría se pretende que solo las mayorías estén representadas en el Congreso de la Unión, borrando del mapa de la representación nacional a las minorías.
Esa es la razón concreta que convocó a cientos de miles de personas a las manifestaciones del domingo 18 de febrero y que no tuvieron como propósito el respaldar ni oponerse a ninguna candidatura, partido o coalición, sino simplemente no permitir que esa escalera (que es nuestra construcción democrática) cada vez más firme, más robusta, más sólida, que durante décadas hemos construido para que quien tenga los votos pueda llegar al primer piso, no sea ahora destruida desde arriba por quien ha sido el principal beneficiario de esa construcción colectiva. Es una actitud franca y abiertamente autoritaria el aprovechar las condiciones que ofrece la democracia para llegar al poder para, desde ahí, desmantelar la democracia.
Así han operado, los autores de algunos de los peores experimentos totalitarios de la historia, el fascismo italiano y el nazismo alemán, los cuales en los años 20 y 30 del siglo pasado, respectivamente, utilizaron a la democracia para llegar al poder por las vías legales e institucionales para, desde ahí, destruir la democracia y buscar perpetuarse en el poder.
Las expresiones masivas de defensa de la democracia que vimos el domingo son una gran noticia pues evidencian que la sociedad no va a permitir, por miedo, por indiferencia, o por menosprecio de su gravedad, que la obra de erosión democrática que se pretende prospere. Y eso son buenas noticias.
Sin embargo, la reacción furibunda del gobierno frente a las manifestaciones es preocupante. Pues lejos de ser sensibles a la protesta ciudadana y buscar tender puentes de diálogo, descalifican, ofenden y agreden, evidenciando no sólo el talante autoritario del oficialismo, sino también que el riesgo es real.
Investigador del IIJ-UNAM
