Pasada la enésima fecha fatídica para negociar la futura relación del Reino Unido con la Unión Europea (UE) , aún no hay acuerdo, y es muy posible que no lo haya. Ambas partes ya han preparado planes de emergencia para que, en caso de que no haya acuerdo, se prolongue el régimen actual en sectores clave por los siguientes seis meses, especialmente en la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Los lectores se preguntarán ¿por qué, después de cuatro años negociando, no han logrado resolver este entuerto, si a nadie le conviene que no haya acuerdo? La respuesta corta es que no hay acuerdo posible que satisfaga al actual gobierno británico.

El ala ultra-euro-escéptica, que se ha ido apropiando del Partido Conservador, hasta triunfar en las elecciones de diciembre de 2019, prometió al electorado algo totalmente irreal: el regreso irrestricto de la soberanía, sin pagar los costos de perder acceso al mercado europeo, el más importante para el Reino Unido, pues allí van a dar el 45% de sus exportaciones, y de ahí vienen el 55% de sus importaciones. Eso no se puede. Como sabemos bien en México, negociar un tratado de libre comercio profundo y amplio con un socio mucho más poderoso y grande implica ceder soberanía en algunas cosas, pues hay que sujetarse a reglas comunes (definidas mayoritariamente por el socio poderoso), a cambio de reducir la fricción en el acceso al mercado del otro.

Por su parte, la UE tiene muy claro, desde 2016 cuando se votó en el referéndum a favor del Brexit, que los costos de romper esta compleja relación deben recaer primordialmente en el Reino Unido, que es el que ha decidido salirse. La UE, entre tanto, tiene como prioridad proteger el Mercado Único, piedra angular de la integración europea desde el Tratado de Roma de 1958, al cual el Reino Unido entró tarde y de malas. Además, para la UE, el Reino Unido es un socio importante, pero no tanto: allí van a parar 15% de sus exportaciones. Se trata pues de una relación claramente asimétrica, y la UE lo sabe. Además, para la UE, no es fácil hacer concesiones, pues cualquier cambio en el mandato negociador de Michel Barnier tiene que ser aprobado por los 27 estados miembros. El posterior proceso de ratificación en el que, además de los 27, también tiene que dar su aprobación el Parlamento Europeo, es un factor que hace sumamente “inflexible” a la UE en ésta y en todas sus negociaciones con terceros.

Quedan dos temas en la agenda: la pesca y lo que se puede traducir como “piso parejo” (level playing field) o alineamiento regulatorio. Ambos son temas de un alto nivel técnico y, como suele suceder en la UE, difíciles de entender para el público en general, lo cual deja amplio espacio para el reclamo demagógico soberanista. En pesca, el Reino Unido se niega a que los pescadores europeos faenen en sus aguas territoriales tras concluir el periodo de transición. La prensa sensacionalista de ese país incluso ha llamado a aventarles a la marina para echarlos, en un gesto de escandaloso nacionalismo. Lo que no dicen los exaltados Brexiteers es que, a cambio del acceso a sus aguas para los europeos, los pescadores británicos y su importante industria procesadora de productos pesqueros pueden vender la mayor parte de su producción en Europa sin cuotas ni aranceles. Dando y dando. Este sector es pequeño en relación con el resto de la economía y el problema podría resolverse.

La más compleja es la parte regulatoria. La UE exige que si el Reino Unido cambia alguna regulación u otorga un subsidio que resulte en competencia desleal, se discuta en un comité conjunto la continuidad de su acceso al mercado europeo o, en el extremo, pueda imponer barreras como aranceles o cuotas. Esto efectivamente obligaría al Reino Unido a mantener sus regulaciones internas alineadas con las de la UE, lo cual restringe justamente el ejercicio de la soberanía. Sin embargo, con o sin acuerdo, es la única manera de mantener el comercio sin restricciones en muchísimos sectores. Sin acuerdo, las restricciones comenzarían a partir del 1 de enero, empezando por la necesidad de hacer trámites aduaneros y de inspección sanitaria que ahora no se hacen y para los que nadie está preparado.

Ante la incertidumbre de qué va a pasar tras esa fecha fatídica, esta semana se formaron larguísimas colas de trailers buscando cruzar el Canal de la Mancha para aprovisionar a los británicos de bienes que normalmente provienen del “Continente”, especialmente comida, la mitad de la cual se importa de allí. Para mayor dramatismo, la nueva cepa de Coronavirus descubierta en el sur de Inglaterra ha hecho que, el 20 de diciembre, Francia restringiera todos los transportes provenientes del Reino Unido, generando un embotellamiento sin precedentes. No abrirá el cruce marítimo en tanto la UE en su conjunto decida qué hacer.

Parece un aviso extremo de lo que puede pasar el 1 de enero. El Reino Unido tiene inventarios que le pueden durar poco menos de una semana para satisfacer la demanda, antes de que empiecen a escasear bienes, algunos de primera necesidad.

Será difícil explicar por qué no se logró superar estos escollos y ninguna de las dos partes quiere quedar como la que precipitó el fracaso de la negociación. Por eso siguen negociando, a pesar de que ya no habrá tiempo para que los 27 estados miembros y el Parlamento Europeo ratifiquen el posible acuerdo, con tiempo para revisarlo con cuidado, antes del 31 de diciembre. Sin acuerdo, el Reino Unido tendrá un acceso al mercado europeo “como el de Australia” -según dijo el Primer Ministro Boris Johnson- lo cual significa en realidad que no gozará de ninguna preferencia. Podría haber dicho Afghanistán, para tal caso. México y Corea del Sur o Turquía tendrían un acceso mejor a la UE que el Reino Unido. Vaya manera de echar a perder las cosas.

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