Si antes parecía que a los funcionarios públicos no les importaba la Constitución Política de nuestro país y todas las leyes que de ella emanan, hoy parece importarles mucho menos con tal de tener todo el poder bajo su control.
Los ejemplos son muchos. Quiero nombrar sólo algunos que están en la órbita informativa de México en los últimos días.
1. Las amenazas de Félix Salgado Macedonio en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Al respecto, el artículo 131 del Código Penal Federal señala que se puede aplicar hasta 7 años de prisión a quienes se reúnan tumultuariamente y amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación.
2. La inclusión de última hora de un transitorio dentro del paquete de reformas propuestas a diversas leyes que rigen el Poder Judicial de la Federación, que le brinda la posibilidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, que deje su cargo hasta el 30 de noviembre de 2024 y no el 31 de diciembre de 2022 como ya está estipulado. El artículo 97 de nuestra Constitución menciona claramente en uno de sus párrafos: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
3. El nulo respeto a la veda electoral por parte del presidente López Obrador que, entre otras cosas, mostró en una de sus conferencias mañaneras una encuesta que favorece al partido Morena. En este sentido, el artículo 41 y 134 de la Constitución son muy claros al señalar que, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental; algo que a todas luces no se está respetando, al grado que el INE tuvo que emitir una medida cautelar en tutela preventiva en contra del mandatario para así exhortarlo a no difundir acciones, logros u obras de gobierno durante las campañas.
Con esto, vemos que se sigue violentando la ley una y otra vez. Por ello, los ciudadanos tenemos la obligación de exigir que se cumplan las leyes y no permitir que se modifiquen al contentillo del presidente en turno.
Como dato, nuestra Constitución está considerada como una de las más reformadas del mundo; tan sólo en el periodo de Enrique Peña Nieto se llevaron a cabo 155 modificaciones a diversos artículos; con Felipe Calderón, 110 y todo parece indicar que la administración de López Obrador podría tener el mismo ritmo, pues hasta el momento lleva 11 decretos de reforma y 41 artículos modificados en dos años, de acuerdo a conteo de especialistas.
Existe una táctica común utilizada entre los políticos que consiste en revelar parcialmente la verdad de un tema que momentáneamente satisface la necesidad de la gente por informarse. Sin embargo, detrás del tema hay algo mucho más fuerte y vemos que eso ha sucedido a lo largo de los años con todos los cambios hechos a nuestra Carta Magna, por eso es hora de que los ciudadanos nos involucremos en todos y cada uno de los rubros que afectan o benefician a nuestro país. Es hora de que seamos más los ciudadanos que nos organizamos y participamos en su construcción y no en su destrucción. Necesitamos ciudadanos críticos, instituciones fuertes y plurales que favorezcan la democracia, así como funcionarios que respeten la ley y que no gobiernen con una sola visión que nos haga retroceder todo lo que se ha ganado con mucho esfuerzo en los últimos años. #OpiniónCoparmex
Presidenta de la Federación Bajío Centro de Coparmex
