2022 será un año clave para la vida democrática de nuestro país en muchos sentidos. Miles son las voces que han alertado sobre los peligros que existen en torno a esta, pues el debilitamiento de los organismos autónomos ha sido una constante en la presente administración federal y el Instituto Nacional Electoral (INE) no es la excepción.
Desde la sociedad civil organizada se ha buscado llevar a la mesa del debate, la reflexión y sobre todo, la acción, la defensa de este Instituto que tanto trabajo costó a los mexicanos su consolidación para garantizar elecciones limpias y transparentes, pero tal parece que la consigna es poner en duda su eficacia, eficiencia y profesionalismo.
Hablemos particularmente de la llamada Revocación de Mandato, una iniciativa que busca poner en manos de los ciudadanos, a través de un ejercicio de votación, la continuidad o no del presidente de la República. Sin embargo, en Coparmex hemos señalado varias veces que esto pondría en riesgo la estabilidad democrática de nuestro país.
En el artículo 5 del capítulo 1 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de septiembre de 2021 se señala que: “El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”. Me llama la atención el hecho de asegurar que fue un instrumento solicitado por la ciudadanía, pues todos sabemos que fue claramente una propuesta presidencial.
La Revocación de Mandato se ha considerado un capricho absurdo, ya que por un lado, diversas encuestas, como la que dio a conocer Mitofsky hace unas semanas, el presidente contaba en noviembre 2021 con una aprobación del 65% a tres años de haber iniciado su mandato, muy por encima de su predecesor Peña Nieto, que en el mismo rango contaba con una aprobación de tan sólo 33%. Es decir, la figura del presidente López Obrador es claramente fuerte, por lo que no se necesitaría una consulta sobre su continuidad o no.
Por otro lado, el momento que está viviendo nuestro país y el mundo en general, hace que se vuelvan prioritarios y de urgencia otros temas como el de salud, seguridad o reactivación económica ya que el costo de la Revocación no sería para nada austero, algo de lo que presume esta administración.
De acuerdo al INE, dicho “ejercicio democrático” tendrá un costo aproximado de 4 mil millones de pesos (1,812.6 millones de pesos para integrar las mesas receptoras; contratar a más de 37 mil capacitadores y supervisores electorales y nombrar a cerca de 500 mil funcionarios, además de 1,212.9 millones de pesos para distribuir materiales de apoyo a los funcionarios de las 161,490 mesas receptoras y a los propietarios de los inmuebles donde se llevará a cabo la votación. Sin embargo, este no fue asignado en el PEF 2022, lo que provocó que el INE pidiera suspender el desarrollo de la consulta puesto que sólo cuenta, asegura, con 1,503 millones de pesos para esta encomienda.
Ya el presidente emitió una controversia constitucional contra el INE para que no se suspenda. Bajo este panorama, vemos que se sigue perdiendo tiempo valioso para llevar a nuestro país a ese estado de bienestar que tanto anhelamos. Las desigualdades sociales se hacen cada vez más evidentes y peor aún, han crecido con la pandemia que no termina y que dista mucho de hacerlo con la presencia de la nueva variante Ómicron.
Iniciamos un nuevo año y con este es urgente que renovemos nuestros esfuerzos como mexicanos y mexicanas para luchar en favor de nuestro país, para mejorar las condiciones de los más desfavorecidos, para defender nuestra democracia, para luchar por los derechos de las minorías, para respetar y defender al medio ambiente y sobre todo para ser seres más conscientes. Esos son mis deseos. #OpiniónCoparmex