El 2020 pasará a la historia como el año en que la covid-19 sacudió al mundo. En El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua casi dos millones de personas han sido afectadas por la pandemia. Además, la tormenta tropical Eta y el huracán Iota, devastaron Guatemala, Honduras y Nicaragua dejando a su paso otros 7.3 millones de damnificados. A estos casi 10 millones de personas, se suman aquellas aquejadas por la falta de oportunidades, la violencia, aquellas con la necesidad de encontrar a sus familiares desaparecidos o de reunificarse con sus seres queridos en otros países. En un contexto de economías debilitadas y de profundización de los problemas sociales, para muchos, migrar es la única carta que les queda por jugar.
El gran reto que impuso la pandemia a las migraciones ha sido la necesidad de encontrar fórmulas para que los Estados gestionen sus fronteras de manera segura y ordenada, estableciendo medidas sanitarias que reduzcan los riesgos de contagio, al tiempo que aseguran la protección de las personas migrantes, considerando que muchos de estos desplazamientos son inevitables. Es decir, la gestión de fronteras debe reconocer las vulnerabilidades y necesidades específicas de quienes migran, para garantizar así el cumplimiento de una de las mayores responsabilidades de cualquier Estado: el respeto a los derechos humanos.
Ante este desafío, y reconociendo sus obligaciones, algunos gobiernos han implementado soluciones innovadoras basadas en el principio de responsabilidad compartida para garantizar, en sus respuestas a la emergencia sanitaria, la inclusión de las personas migrantes (sin importar su condición jurídica) y cumplir así con sus obligaciones internacionales, incluso en estos momentos excepcionales.
Como ejemplos de buenas prácticas, el gobierno de Portugal anunció que todas las personas migrantes y solicitantes de asilo con peticiones de residencia pendientes tendrían pleno acceso a los sistemas públicos de seguridad social, incluida la atención en salud. En las Américas, Ecuador prorrogó el plazo para que los migrantes venezolanos en su territorio soliciten un visado humanitario hasta que termine el estado de excepción.
En esta crisis, como en muchas otras, han aflorado ejemplos de solidaridad liderados por los Estados y también por miles de personas alrededor del mundo. En nuestra región, los albergues de la sociedad civil y religiosos adaptaron su acción con el fin de dar asistencia humanitaria a los más vulnerables. Asimismo, muchos individuos anónimos brindan apoyo y dan muestras de solidaridad a los migrantes durante su trayecto. Cientos de voluntarios y personal del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la región asisten y dan respuesta a las comunidades afectadas, incluidas las personas migrantes.
El Día Internacional del Migrante es una fecha importante para recordarnos la responsabilidad que tenemos todos como sociedad para lograr que el camino de los 272 millones migrantes globales (incluidos los 11.5 millones de mexicanos) que se han visto forzadas a dejar sus países en busca de una mejor vida sea seguro y digno. Sin duda, la crisis generada por la pandemia y los fenómenos climáticos tendrá amplias y profundas repercusiones, incluidas mayor inequidad social y mayor inestabilidad política y, muy probablemente, generará también un mayor flujo migratorio.
La respuesta de los Estados ante esta realidad no debería ser cerrar las fronteras y militarizar la respuesta a los movimientos migratorios. De ser así, un efecto contraproducente podría ser que las personas asuman más riesgos en su tránsito y enfrenten más obstáculos para acceder a la protección. Los momentos de crisis son oportunidades de cambio, el gran reto es continuar en la búsqueda y construcción de soluciones integrales que garanticen el respeto de los derechos humanos y que estén basadas en los principios de humanidad, solidaridad y responsabilidad compartida.
En el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), como parte Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, somos conscientes del desafío que implica para los Estados garantizar el acceso a derechos de las personas migrantes y celebramos los esfuerzos desarrollados por los gobiernos de la región en este sentido. Reconociendo los retos actuales y la responsabilidad compartida entre autoridades del lugar de origen, tránsito y destino y la comunidad internacional para atender a esta población, el CICR reitera su compromiso para contribuir a que todas las personas que migran gocen de seguridad, reciban un trato humano y digno y sean acogidos por sociedades cada vez más incluyentes.
En homenaje a todos aquellos que día a día hacen honor a nuestro principio de humanidad, hemos preparado el lanzamiento de un video en el que participaron niños de la región para demostrarnos que migrar no es un juego y que la solidaridad y la humanidad contribuyen a hacer más transitable el camino de los migrantes... Los invitamos a ver este video en https://www.icrc.org/es/migrarnoesunjuego a replicarlo y a compartirlo.
Por Lorena Guzmán, coordinadora del departamento de protección al migrante de la delegación regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
