Diputados sesionando en las canchas de un deportivo, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Tanta es la urgencia de aprobar su reforma al poder judicial? Ahora resulta que tienen que cumplir con el mandato del pueblo a como dé lugar. Si tanto les importara el pueblo ya habrían ayudado al municipio de Chalco que lleva más de un mes inundado y su gobernadora ha sido incapaz de ayudar.
La prisa con la que se pretende aprobar esta reforma únicamente evidencia que estamos ante un capricho político más que ante una genuina intención de beneficiar a los mexicanos. Lamentablemente no es la primera vez que vemos a los legisladores actuar de manera precipitada para cumplir con los mandatos del Ejecutivo, sacrificando el verdadero análisis y la discusión necesaria que toda reforma de tal magnitud requiere.
Una de las molestias contra el poder judicial fue que la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de algunas normas, pero el máximo garante de la Constitución no podía haber actuado de forma distinta ante una norma que había emanado de un procedimiento legislativo tan viciado. Ayer los diputados demostraron que no han aprendido, o que quizá creen no tener otra opción, pero siguen en el mismo desaseo legislativo que últimamente los ha caracterizado.
¿Por qué sí una reforma judicial, pero no así? Tres puntos.
Omisión de las fiscalías: error garrafal
Es tan evidente que la impartición de justicia no es lo que les preocupa con esta reforma, que han dejado fuera el tema de la procuración de justicia. El primer contacto que tiene la gente es en las fiscalías, no con un juez de distrito, ni con un magistrado federal. La incoherente omisión de esta institución pone en entredicho la seriedad y la finalidad de la reforma. En lugar de destruir la carrera judicial para que ya no sean la abogadas y abogados más capaces y preparados quienes ocupen los cargos, deberían de pensar en crear un sistema de carrera ministerial para que, mediante exámenes de oposición se elijan a los mejores perfiles dentro de las fiscalías, tanto locales como la federal.
Elecciones de jueces, sin reglas claras:
De aprobarse el dictamen de reforma, entraría en vigor de inmediato, y el Senado de la República tendría un plazo de 30 días para emitir la convocatoria a elecciones de ministros, jueces y magistrados, sin embargo, no hay una legislación secundaria que reglamente de forma clara y precisa, cómo se va a llevar ese proceso, por eso, distintos organismos internacionales han recomendado al Estado Mexicano revisar la reforma; por eso, EUA ha expresado su preocupación, no es por el hecho de la reforma per se, sino la forma en que se está planteando.
¿Qué pasará con los medios de impugnación?, que harán cuando una candidata o candidato pretenda impugnar una elección, por ejemplo, por violencia de género, razón por la que se acaba de impugnar la elección de la Alcaldía Cuauhtémoc, ¿ninguno de los legisladores lo ha previsto? el próximo coordinador de política de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hace tres años presumía haber acabado con la corrupción y el nepotismo al haber implementado la reforma judicial, (por cierto, también proveniente del Ejecutivo), ¿tampoco se los dice?
Las elecciones más complicadas para el votante:
El ciudadano a la hora de votar a sus jueces, se enfrentará en pequeño problema de que tendrá que elegir entre cientos de candidatos para elegir en quien confiar la impartición de justicia de su circuito, como ejemplo, en la Ciudad de México para elegir jueces y magistrados tendrán que elegir entre poco más de 1,000 candidatos, más otros 81 para ministros, más la boleta del tribunal de disciplina, más las vacantes del Tribunal electoral. Ya quiero ver al votante cuando este frente a su casilla. Es evidente que lo último que se quiere con esta reforma, es otorgarle al pueblo el derecho de votar de forma directa a sus juzgadores, ¿qué ciudadano va a querer estar una hora en la casilla eligiendo a candidatos que difícilmente conocerá?
Por último:
La reforma de una u otra forma, hará que los ministros terminen renunciando, pero eso será una de tantas consecuencias, el resto de ellas las sufriremos todos, y de tal entuerto jurídico, no creo que podamos salir ni con formatos ni con formularios didácticos.