En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el lunes pasado, el Congreso del Estado de México aprobó la despenalización del aborto, sumando ya 18 entidades federativas que han tomado esta importante decisión. Un recordatorio del largo camino que aún debemos recorrer para garantizar la justicia, la seguridad y los derechos fundamentales de las mujeres en nuestro país.
La despenalización del aborto no es solo una victoria legal, sino un reconocimiento político y social de una realidad compleja y dolorosa. Es innegable que la interrupción del embarazo es un fenómeno que ocurre, nos guste o no. El debate público sobre este tema suele centrarse en convicciones personales o religiosas sobre el inicio de la vida, pero como sociedad y desde el ámbito legislativo, el foco debe estar en las mujeres. Ignorar esta problemática o relegarla al ámbito de la ilegalidad es perpetuar un sistema que pone en riesgo a quienes enfrentan una decisión profundamente difícil y personal.
No se trata de estar a favor o en contra del aborto, se trata de entender que criminalizar esta práctica no la elimina, solo la desplaza a la clandestinidad, donde se realiza en condiciones insalubres, peligrosas y a menudo mortales. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se practican 22 millones de abortos inseguros en el mundo, y México no es ajeno a la problemática. Si realmente queremos proteger la vida, debemos empezar por proteger la vida de las mujeres que enfrentan embarazos no deseados. Legalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación no obliga a nadie a interrumpir un embarazo; simplemente asegura que quienes lo necesiten lo puedan hacer de manera segura y digna.
Este avance legal también invita a una reflexión más amplia sobre el papel de los tres poderes del Estado en el abordaje de problemas sociales complejos. Así como los legisladores del Estado de México, han asumido su responsabilidad frente a una realidad ineludible, es imperativo que tanto los poderes federales como locales se enfrenten a otros desafíos éticos y sociales igualmente urgentes. Uno de ellos es la necesidad de legislar sobre el suicidio asistido o eutanasia.
La eutanasia, como el aborto, toca fibras profundas en la sociedad. Sin embargo, es un tema que no puede seguir ignorándose en un país donde miles de personas padecen enfermedades terminales. Países como Canadá, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo o Colombia, permiten la eutanasia con criterios claros para su aplicación, protegiendo derechos humanos como la dignidad, la autonomía y el alivio del sufrimiento humano. Por ejemplo, en los Países Bajos, la eutanasia está permitida para personas que padecen enfermedades terminales o condiciones médicas irreversibles que les provocan un sufrimiento físico o psicológico insoportable, siempre que hayan expresado de manera libre, consciente y reiterada su deseo de morir. En Bélgica, incluso los menores de edad pueden acceder a la eutanasia bajo estrictas condiciones, como la existencia de un sufrimiento insoportable y la confirmación de que no hay alternativas razonables para aliviarlo.
Estas regulaciones no solo garantizan que la decisión de poner fin a la vida sea voluntaria y bien informada, sino que también protegen el derecho a vivir y morir con dignidad, consagrado en instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este enfoque reconoce que la prolongación del sufrimiento, en contra de la voluntad del paciente, puede constituir una forma de trato cruel e inhumano. Asimismo, el acceso a la eutanasia regulada asegura que quienes enfrentan estas circunstancias pueda hacerlo de manera segura y en compañía de sus seres queridos, evitando la clandestinidad o prácticas peligrosas.
Los temas difíciles no desaparecen cuando se evita legislar sobre ellos. Al contrario, su complejidad aumenta. México, al carecer de una legislación sobre la eutanasia, no está respondiendo adecuadamente a las necesidades de miles de personas que enfrentan condiciones de salud devastadoras. La regulación no es promover la eutanasia, es crear un marco que proteja derechos humanos esenciales y brinde opciones compasivas y respetuosas para quienes se encuentren en situaciones límite.
Así como la despenalización del aborto marca un avance hacia un México más justo y equitativo, la regulación de la eutanasia es un llamado pendiente. Ambas decisiones, aunque difíciles, representan la oportunidad de construir una sociedad que ponga en el centro la dignidad y el respeto por la autonomía de las personas, cumpliendo con el mandato fundamental de garantizar una vida libre de violencia y sufrimiento evitable.
