A medida que los países de todo el mundo sufren las repercusiones de la pandemia por la Covid-19 , hemos comenzado a reflexionar sobre nuestras necesidades más básicas y las cosas que apreciamos de verdad. En estos tiempos de incertidumbre a muchos de nosotros nos ha ayudado a reavivar nuestro reconocimiento por algo que a menudo damos por supuesto, y algo de lo que muchos carecen: la alimentación. Y es que posterior a la pandemia tendremos retos cada vez más grandes para alimentar a una población creciente y cambiante con cifras alarmantes de pobreza y malnutrición.
El hambre en América Latina y el Caribe podría afectar a casi 67 millones de personas en 2030. Necesitamos respuestas extraordinarias de toda la población, especialmente de los gobiernos, del sector privado, la sociedad civil y las organizaciones. Es tiempo de voltear a ver el ejemplo y buenas prácticas de las comunidades y pueblos indígenas que, con su conocimiento milenario en curación, comida tradicional, producción de alimentos y seguridad alimentaria, han sobrevivido y heredado sus saberes.
Dar especial atención y establecer medidas para estos grupos podría ser muy significativo para mitigar las consecuencias de esta crisis en donde todas y todos los aliados serán y contarán con una relevancia esencial. Es momento de activar estrategias de desarrollo territorial en el que mujeres y hombres tengan acceso y control equitativo a los recursos y beneficios para el logro de una sociedad rural igualitaria, garantizando el derecho a la alimentación, educación, salud y empleo decente.
La participación de las mujeres indígenas es fundamental para la recuperación. Su aportación de conocimientos ancestrales, son y serán parte de la reconstrucción de sistemas agroalimentarios más sostenibles, robustos y resilientes a las perturbaciones. Su cosmovisión y liderazgo en la conservación de la biodiversidad es parte de la nueva idea de repensar nuestra sociedad.
Su situación es particularmente grave, los ingresos laborales por hora de las mujeres indígenas son menos de un tercio de los que reciben los hombres no indígenas y no afrodescendientes con el mismo nivel educacional ( CEPAL, 2020 ). Además, el 64.7 % de las mujeres indígenas de 12 años y más, realizan actividades de las que no se recibe remuneración alguna, tareas enfocadas en actividades del hogar, cuidados de niños, niñas y personas adultas mayores ( INEGI, 2015 ).
Para finales del 2018, solamente el 3% de los y las jornaleras agrícolas contaban con un contrato escrito, lo que genera falta de claridad sobre los salarios, el trabajo eventual y desempleo; el sistema de contratación irregular expone a la población trabajadora a inseguridad en el empleo. Coneval informó en ese mismo año que el 75% de esa modalidad laboral percibía hasta $176.72 pesos por jornada, mientras que el resto no cobraba más de $88.36 pesos por jornada. Y sólo el 12.9% de los jornaleros y jornaleras agrícolas tuvo acceso a la seguridad social, en su gran mayoría población indígena. Por lo anterior, es necesario promover e impulsar el salario mínimo profesional para jornaleras y jornaleros agrícolas.
El actual gobierno, solicitó a Naciones Unidas colaborar en el esfuerzo para reducir las brechas de sociales que han vivido las mujeres y que han provocado desigualdades de oportunidades en el sector laboral, la seguridad social y la inequitativa carga en el tema de cuidados. Actualmente se encuentra en marcha el proyecto Interagencial “Cerrando brechas: Extendiendo la Protección Social para las Mujeres” con el financiamiento del Fondo Conjunto para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), en el que se estamos impulsando estrategias de política pública, para evitar que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria.
El papel que desempeñan las mujeres indígenas es vital para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria del planeta; su labor preserva semillas y técnicas que fomentan la producción de alimentos de mayor calidad. Es momento de dar reconocimiento a los procesos organizativos que las mujeres indígenas aportan para crear entornos de solidaridad en las comunidades y fuera de ellas, de la protección de los territorios y del patrimonio cultural, así como de la necesidad de ampliar los espacios de participación y toma de decisiones.
Mujeres Indígenas, firmes en su demanda de justicia social, equidad de género y respeto a los derechos y medios de vida de sus pueblos y comunidades.
