Resultaba difícil de creer que el gobierno del orden federal que encabezará la Doctora Claudia Sheinbaum estuviera de acuerdo con el plan que hubiera dejado a la Secretaría de Seguridad (SSPC) sin institución policial bajo su mando. Implicaba la renuncia a que esa dependencia tuviera capacidad de acción y reacción policial en un contexto de alta violencia e incuestionable expansión de organizaciones criminales a lo largo y ancho del territorio nacional, las cuales naturalmente rebasan las capacidades policiales locales. En efecto, no era la mejor idea. De pronto y sin mayor anuncio, el panorama cambió poco más de un mes antes del fin del sexenio: el próximo secretario de seguridad, Omar García Harfuch, sí tendrá bajo su mando una institución policial –así quedó definida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto–, denominada Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto.
Y es que de aprobarse a mediados de septiembre la reforma constitucional para que entre otras cosas, la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional –como siempre anheló el presidente López Obrador–, la SSPC quedaba con las manos vacías en términos de policía.
El antecedente de esta institución se remite a 2014, cuando se creó la Coordinación Nacional Antisecuestro como órgano desconcentrado la Secretaría de Gobernación para coordinar los esfuerzos en esta materia de dependencias federales y estatales. Sin embargo, a diferencia de aquél entonces, esta Coordinación sí cuenta con facultades de investigación criminal (bajo el mando del Ministerio Público), y no sólo de secuestro sino de delitos de alto impacto. Podemos decir que tendrá un carácter mucho más operativo que antes. Eso sí: como cualquier otra policía del país, el aprovechamiento de su potencial de investigación dependerá de una buena relación con las fiscalías; la federal y las estatales.
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¿Por qué lo digo? Porque nuestra Constitución establece que la conducción y el mando de la investigación del delito está a cargo del Ministerio Público, en un modelo que quizá fue funcional en el México de 1917, pero no en la actualidad. Esto, porque ha significado un freno a una función fundamental para el esclarecimiento de delitos donde no existe una relación de cooperación entre dos dependencias entre las que no existe subordinación orgánica: secretarías de seguridad y fiscalías. Habrá que ver cómo opera esta colaboración en entidades como Guanajuato, donde la fiscalía mantiene resistencias al modelo de investigación criminal no limitado a la policía ministerial (la adscrita a la fiscalía misma). En el orden federal, habrá que ver si la pasividad de la Fiscalía General de la República en materia de investigación queda en el pasado bajo el mismo mando; el del fiscal Alejandro Gertz, o si habrá un cambio de liderazgo.
A botepronto me viene a la mente una pregunta. ¿Se limitará la nueva Conase a la prevención e investigación de secuestro, extorsión y trata de personas, como define su reglamento a los delitos de alto impacto? Una buena investigación de estos delitos puede encontrar que individuos u organizaciones que los perpetran también incurren en otros de alta relevancia, como el de homicidio, feminicidio, o acopio de armas de fuego, por lo que en la práctica deberá abarcar más ilícitos para hacer frente a la complejidad del fenómeno delictivo del país y contribuir al acceso a la justicia para las víctimas.
Otro aspecto no menor es la conformación misma de la institución. Si bien el antecedente de esta Comisión cuenta con personal con experiencia policial, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 contempla 90 plazas para el desconcentrado. Posiblemente se aprovechará al personal de la extinta Policía Federal que no se incorporará a la Sedena, pero sin duda se tratará de un esfuerzo cuesta arriba toda vez que en los últimos seis años, no se apostó por generar capacidades especializadas en el sector civil para hacer frente a la violencia de las organizaciones criminales que operan en el país. Todo lo contrario.
En suma, el fortalecimiento de la Conase parece ser una decisión acertada que se materializará en un contexto criminal complejo en nuestro país. Veo, sin embargo, la oportunidad de que una institución de seguridad pública civil demuestre el impacto que puede traer en términos de acceso a la justicia y de seguridad la investigación criminal sólida, guiada por el objetivo de esclarecer hechos delictivos y con respeto a los derechos de víctimas e inculpados.
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mahc
