No cabe duda que estamos en la era de la posverdad, esa manía por distorsionar deliberadamente una realidad, manipulando creencias y emociones con el objetivo de influir en la opinión pública, es la nueva moda entre algunos detractores de una reforma judicial, que lo único que busca es eficiencia, austeridad y transparencia en el Máximo Tribunal; legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia; órganos administrativos y disciplinarios independientes; y lo más importante, justicia expedita y equilibrios entre Poderes.
¿Por qué sí tocar el Poder Judicial? Las causas son más que claras. De acuerdo con una nota de un diario de circulación nacional, el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, detectó en 2022 que en los tribunales y juzgados federales existían 6 mil 755 “redes familiares”. Según este padrón, el 41 por ciento de los funcionarios con cargos administrativos aceptaron tener parientes en la Judicatura y también 57 por ciento de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y actuarios que desarrollaron “la carrera judicial”.
El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, y el decimosegundo, que pertenece a Sinaloa, tienen mayor proporción, con 58 por ciento. Más de la mitad de los que ahí laboran están en esa condición. ¿Qué confianza puede haber ahí? Ninguna y esa es una de las razones por la que esta reforma debe avanzar.
El voto popular les dará independencia a las y los integrantes del Poder Judicial, no lo contrario. El hecho de que los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito del Poder Judicial tradicionales, y magistrados de Sala Superior y magistrados regionales del Tribunal Electoral del PJF sean todos electos mediante voto popular en las urnas, fortalecerá a este poder. Subestiman quienes creen que la gente no es capaz de elegir a sus juzgadores, lo hace ya con la máxima autoridad del país y eso, al menos el último sexenio, ha creado un vinculo importante con el presidente, de hacer bien su trabajo, como se espera, pasará lo mismo con los juzgadores.
Es mentira que, al pretender reformar a este poder, se rompa la división de poderes. Lo que pasa es que este poder esta acostumbrado a ser intocable, cualquier intento por mejorar su importante labor, debe ser juzgada objetivamente. Ya lo dijo el presidente, nadie por encima de la ley. Esa es la máxima de esta reforma.
La falsedad que más está causando escozor es que esta reforma afectará a las y los trabajadores del poder judicial. Otra mentira, lo único a afectará esta reforma son los privilegios injustificados, y que ni siquiera goza el grueso de la planta laboral, sino solo los ministros y magistrados, privilegios que no van de acuerdo con la realidad que vivimos.
Esta reforma establecerá que ningún servidor público del poder judicial podrá percibir un salario mayor al del presidente de la República, y es que está documentado que actualmente hay al menos 2 mil 377 funcionarios judiciales que ganan más que el presidente.
Con esa falsedad han empujado el paro de labores que a todas luces es ilegal, y ellos deberían ser los primeros en saberlo, porque según la “Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la relación laboral en el Poder Judicial se da entre los titulares y los empleados que trabajan bajo sus órdenes. Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo cumplen con esa función y, por tanto, no pueden considerarse jefes del Poder Judicial”.
Esta huelga ilegal es una forma de presión mediática que no surtirá ningún efecto en la gente porque a las personas lo único que les importa es contar con una justicia pronta y expedita, cosa que esta reforma traerá porque promueve plazos máximos para resolver juicios y sanciones a quienes no los respeten.
La batalla personal de la ministra Norma Piña en contra del presidente ha llegado demasiado lejos, porque engaña a miles de trabajadoras y trabajadores, que lo único que hacen es cuidarle los privilegios a la ministra. Lo único claro hoy es que la reforma, avanza.
