Cuando ya no quedan argumentos, lo que sigue es la mentira. Esa es la regla de la oposición. En días pasados, se aprobó la reforma que busca establecer claramente las bases para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) construya y ofrezca esquemas de arrendamiento social, hasta aquí, ningún pero, sin embargo, las mentiras ahora señalan que los 2.4 billones de pesos en activos con los que cuenta el Infonavit, “están en riesgo”, nada más lejano a la realidad porque lo que ha prevalecido en todo este proceso, es la transparencia, y así seguiremos.
Algunos sindicatos (las rebabas del priísmo) “alertan” que la reforma quita todos los candados para que puedan manejar libremente los recursos del instituto y limita las facultades que tenía de ser un órgano tripartita, quitándole supuestamente poder a los representantes de los trabajadores y a los empresarios porque todos los comités del Infonavit el gobierno se queda con mayoría.
Pero la realidad es otra, de entrada, el gobierno no será quien concentre los 2.4 billones de pesos, porque el sistema tripartito esa plenamente garantizado en la Constitución y en reforma, y aquí es importante aclarar que tripartita no significa igualdad de partes.
En el comité de vigilancia y el Consejo de Administración del Infonavit se registran cambios, pero no en la Asamblea General, que es el máximo órgano de control de este instituto, y los cambios que aquí se han dado es que se mantienen los consejeros del sector obrero y patronal, y se incrementan los consejeros del sector público, esto para actuar como garante de los derechos de los trabajadores.
Esta reforma centralmente crea una constructora para dar salida a la construcción de vivienda, valga la redundancia, pero con mucha claridad se dice que los gastos administrativos serán los mínimos necesarios y compartirán gastos administrativos con el Infonavit, es decir, no se prevé un incremento. De hecho, se señala claramente que no se podrán gastar más del .55% de los ingresos del Infonavit para cuestiones administrativas.
También se señala claramente que esta constructora lo único que podrá hacer es asignar, pagar o construir con el dinero de los trabajadores de la subcuenta de vivienda para la vivienda, única y exclusivamente, es decir, no se puede usar para ninguna otra cosa más que no sea para eso.
La idea es construir vivienda social de una forma más eficiente y hacerlo de la forma más eficiente y transparente, y con el compromiso de hacer viviendas adecuadas, que cumplan con los estándares establecidos por ONU hábitat, es decir, en hacer vivienda que cumple con ciertos criterios de seguridad, habitabilidad, salubridad y que ofrece servicios básicos: tiene un espacio adecuado, iluminación y ventilación adecuadas, cuenta con infraestructura básica adecuada, está en una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, brinda a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, además de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado.
La reforma llegará en el siguiente periodo ordinario de sesiones a la Cámara de Diputados, y con el objetivo de hacer aún más transparente todo este proceso y dar certeza a los trabajadores, vamos a proponer que el Comité de Administración fiscalice también la operatividad de la constructora, además, propondremos vigilar igualmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el ejercicio de la filial constructora porque a pesar de que no es ente financiero, sí manejará para el pago y erogación de los recursos para el ejercicio de gasto del Infonavit.
