La desinformación y una mano (escondida claramente) que mece la cuna, es lo que nos llevó, por lo menos a la Cámara de Diputados, a sesionar en una sede alterna y aprobar la reforma al Poder Judicial, la cual está ya en manos del Senado, que seguro sesionará fuera de su recinto para continuar con esta reforma que no solo es inminente, sino necesaria.

Las personas que decidieron cerrar San Lázaro han sido engañadas. Nada tenemos en contra de las trabajadoras y trabajadores de este importante poder, pero es más que necesaria una reforma que permita, efectivamente, alcanzar una justicia pronta y expedita que aún no tenemos. Ese es el objetivo, ninguno más.

Uno de los ejes principales de este gobierno y que también lo será para el siguiente como ya se consignó, es continuar desarraigando la corrupción, y tristemente el poder judicial es un lugar donde por décadas se enquistó. Ya lo consignaba en mi anterior colaboración, el Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, detectó en 2022 que en los tribunales y juzgados federales existían 6 mil 755 “redes familiares”.

Seamos honestos, esta no es una buena señal del funcionamiento de este poder, lo que se requiere es un poder independiente y autónomo que funcioné a base de capacidades, no de redes familiares. Los detractores advierten del peligro que significa que algunas campañas puedan ser financiadas por grupos de poder. Y seamos honestos, el riesgo existe, pero una reforma de este calado tiene ventajas que superan este tema.

Apenas en la elección pasada se rompió el récord de servidores públicos elegidos para cargos en los tres niveles de gobierno, aquí también existe el riesgo de compra de campañas, pero no podemos subordinar la democracia a estos avances, lo que podemos hacer, y es precisamente lo que hacemos con esta reforma, es fortalecer los mecanismos para que esto no suceda.

Desde 1857, los Constituyentes de la época ya advertían esta situación, de hecho, el periodista y político Francisco Zarco, señaló: en una República Representativa como la mexicana, donde el Poder Ejecutivo y el legislativo eran electos por el pueblo a través del voto indirecto, lo más adecuado sería corresponder al equilibrio de poderes con la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia por el voto indirecto del pueblo. Así toda la soberanía nacional tendría la legitimidad originada en la decisión popular.

Avanzamos en consignar el voto directo para los otros dos poderes, pero se dejó intacto, hasta ahora, el poder judicial, que no puede ni debe ciertamente, tener un trato diferente. Al contrario, con esta reforma, de aprobarse en el Senado, transparentara la actuación de jueces, magistrados y ministros, quienes le responderán a la gente, no a poderes económicos ni grupos políticos. Y ese, es un gran avance.

Sin embargo, como siempre pasa, perder los privilegios duele y duele mucho, como lo demuestra la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, que no ha hecho otra cosa que mentir y azuzar a los trabajadores y trabajadoras de este poder, diciéndoles que esta reforma los va a perjudicar, nada más alejado de la realidad.

En la tribuna improvisada donde aprobamos la reforma, señalé a la mano que mece la cuna, dejando muy en claro lo que se esconde detrás de la negativa a la procedencia de esta reforma: el fin de sus privilegios.

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