En días pasados la Fiscalía General de la República hizo público un paquete de reformas al sistema judicial que de aprobarse implicaría un enorme retroceso en materia de derechos humanos, pues vulnera principios como la presunción de inocencia y el debido proceso en los que se había avanzado a partir de las reformas del 2008 y del 2011.
Si bien es cierto que aún falta mucho por hacer para lograr un sistema de procuración y administración de justicia eficiente y transparente como el que se planteó en la reforma del 2008 y un sistema de investigación y persecución de los delitos más profesional, no podemos dar marcha atrás a lo que se ha avanzado, al menos en la ley, en materia de derechos humanos. Detrás de estos avances no sólo ha estado la voluntad del Ejecutivo y Legislativo de al menos dos sexenios sino también un enorme trabajo de la sociedad civil organizada y de agencias internacionales que, a través de informes, recomendaciones y denuncias públicas han dado la batalla.
Quiero pensar que Morena tendrá algunos senadores pro derechos humanos que no apoyarían estas reformas. Sin embargo, la sola intención del Ejecutivo de promoverlas refleja la visión autoritaria y retrógrada de este gobierno y en particular del Fiscal General de la República .
Ampliar los alcances de figuras que limitan el ejercicio de derechos humanos , como el arraigo, es una aberración. Durante años defensores de derechos humanos han exigido que se elimine esta figura de nuestra legislación. Incluso, desde el 2008, esta ha sido una de las recomendaciones reiteradas a México en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas que se lleva a cabo cada cuatro años. Esta exigencia llevó a que poco a poco la figura del arraigo y su aplicación fueran limitándose y usándose menos. Reformar la ley para que ésta se pueda utilizar ante la persecución de prácticamente cualquier delito es contrario al principio de presunción de inocencia.
La investigación debe ser previa a la detención. Se debe privilegiar para ello el fortalecimiento y capacitación de policía de investigación y ministerios públicos, a fin de garantizar que se investigue para detener y no al revés. Por ello, es grave que se proponga también eliminar el plazo establecido en la constitución para sujetar a una persona a proceso.
Otro de los puntos que destaca de las iniciativas es la intención de eliminar el precepto que hace carentes de valor probatorio en un proceso aquellas pruebas que se obtengan mediante tortura u otras prácticas de ese tipo. La regulación en los términos que hoy se tiene tomó años. La tortura no sólo está expresamente prohibida en la Constitución sino que además nuestro sistema penal anula cualquier prueba que se obtenga bajo estas prácticas inhumanas. De hecho en la legislatura pasada en el Congreso de la Unión aprobamos la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura que constituye una de las legislaciones más avanzadas en la materia a nivel mundial. Dar marcha atrás en este aspecto es inadmisible y absolutamente contradictorio incluso con la postura de Morena cuando se aprobó la Ley.
Cabe señalar que respecto a este paquete de reformas una vez más la Comisión Nacional de Derechos Humanos permanece callada, pues su titular no ha sido capaz siquiera de hacer un pronunciamiento que desanime y desvirtúe cualquier intención del legislador de aprobarlas.
Si bien es cierto que en materia de seguridad tenemos cifras alarmantes y que enfrentamos un problema grave de impunidad y un sistema de procuración e impartición de justicia con vicios, la solución no puede ser un paquete de reformas legales regresivo en materia de derechos humanos y que nos lleve a un sistema penal propio de un régimen autoritario.
Abogada y exdiputada federal
