Uno de los argumentos que utilizo Morena para oponerse a las reformas a la Ley General de Víctimas (LGV) en noviembre del 2016 fue que éstas implicaban un recorte en el presupuesto para la atención a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. Aun cuando ese argumento era falso, se envolvieron en esa bandera con un discurso que supuestamente defendía los derechos de este grupo de personas.
Hoy que se vive la peor crisis de seguridad que todos los días genera nuevas víctimas, al gobierno ya no le importa garantizar sus derechos y le parece caro el costo de operación del organismo encargado de hacerlo. El decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la APF publicado el 23 de abril pasado paralizará el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV), según lo dio a conocer la propia Comisión en un comunicado.
La CEAV tiene la función de facilitar condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención y asistencia de las víctimas, que permitan su recuperación y restablecimiento para lograr el pleno ejercicio de sus derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño. La falta de recursos asignados para su adecuada operación afecta a miles de víctimas y es contraria a la Ley que prohíbe, mediante su principio de no victimización establecido en el artículo 5º, todo obstáculo al ejercicio de los derechos de las víctimas que pudiera desprenderse de actos administrativos, legislativos o judiciales, como es el caso de una reducción al presupuesto de la CEAV a través de un simple decreto. De igual modo, el artículo 132 es explícito al asentar la obligación de que anualmente se asigne un presupuesto que garantice que se cuente con el 0.014% del Gasto Programable del PEF, tan sólo para la conformación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. La CEAV funge como órgano operativo del Sistema de Atención a Víctimas y tiene a su cargo el ejercicio de dicho fondo, así como la asesoría jurídica federal y el Registro Nacional de Víctimas, tareas con las que no podrá cumplir dado el recorte anunciado que los obligará a despedir al 60% de su personal y les impedirá cubrir los pagos de renta, agua y luz en las oficinas centrales y en los 32 centros de atención establecidos en las entidades federativas.
Desmantelar a la CEAV contraviene la obligación constitucional del Estado de reparar las violaciones de derechos humanos. México es un país en el que desgraciadamente miles de personas han sufrido los estragos de la violencia y la delincuencia. Detrás de cada delito cometido existe una historia de profundo dolor que trastoca la vida de seres humanos, familias y comunidades enteras. Es por ello que el lugar del Estado Mexicano debe ser siempre al lado de las personas víctimas y garantizar su protección. La Ley General de Víctimas, el Sistema Nacional y la Comisión Ejecutiva son reconocimientos expresos de la deuda que se tiene con miles de personas y hacerlas inoperantes es trastocar sus derechos.
Es mezquino e injustificable que un gobierno que pretende destinar este año más de 46 mil millones de pesos (mdp) a la construcción de un capricho sin utilidad alguna como lo es la refinería de Dos Bocas, no pueda garantizar a las víctimas 855 mdp para la operación de la instancia encargada de defender sus derechos y reparar violaciones a los mismos.
@lialimon
Abogada y consultora
