La decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de negar el registro a México Libre carece de sustento legal. Más allá de si estamos o no de acuerdo con la propuesta que dicha opción representa, negar a una agrupación la posibilidad de convertirse en partido político cuando cumplieron con todos los requerimientos establecidos en la ley es una arbitrariedad que daña el Estado de Derecho, la certidumbre jurídica y nuestra vida democrática.
Aún cuando el dictamen venía en positivo, los únicos dos argumento que los consejeros utilizaron para cambiar de decisión a última hora fue, por un lado, la existencia de una queja que no conocían ni habían analizado y por el otro, el 8% de aportaciones supuestamente no comprobadas.
Primero, es absurdo basar una decisión de tal magnitud que vulnera la participación política de cientos de miles de personas en una queja cuyo contenido desconocían los consejeros a la hora de votar la negativa. Refleja falta de profesionalismo y objetividad, por decir lo menos.
Sobre la comprobación del origen del 8% de los recursos, provenientes de aportaciones hechas a través de CLIP, cada una de ellas está respaldada con un formato firmado por el donante y copia de su credencial de elector. El argumento de última hora de que dicha aplicación no puede ser utilizada por partidos políticos no aplica, pues México Libre aún no es un partido político sino una asociación en vías de serlo. No hay precepto legal alguno que prohíban a las agrupaciones que buscan convertirse en partidos políticos la recaudación mediante la aplicación CLIP y como todos sabemos, los ciudadanos pueden hacer todo, menos aquello que esté expresamente prohibido en la ley.
Además, el límite del 5% de recursos no debidamente identificados para no dar el registro a nuevos partidos se lo sacaron de la manga durante la sesión de Consejo, pues no es un límite establecido en ninguna norma. La prohibición constitucional a la que han hecho alusión para justificar ese porcentaje se refiere a la posibilidad de anular una elección cuando se rebasa por un 5% el tope de gastos de campaña, es decir, no tiene nada que ver con el supuesto en el que México Libre se encuentra.
La incoherencia del INE llega más lejos cuando vemos que Morena hasta el día de hoy no ha sido sancionado ni le han iniciado un procedimiento por el video que se ha hecho público de Pío López Obrador recibiendo dinero para Morena en la elección del 2018 que el propio presidente reconoció como aportaciones anónimas para su campaña. Recibir dinero en campaña de procedencia no identificada y no reportarlo sí constituye una conducta sancionable, y ahí el INE no ha dicho ni pío. En cambio, la negación del registro a México Libre con argumentos que no se sostienen jurídicamente vulnera el derecho de participación política de todo ciudadano.
Además, la injerencia del presidente en temas electorales está expresamente prohibida en la Ley y el fin de semana violó dicha prohibición al celebrar públicamente la decisión del INE de negar el registro al que identificó como partido de Felipe Calderón (porque su machismo le impide reconocer a Margarita). Dicho pronunciamiento pudiese influir en la decisión del Tribunal Electoral, que es quien tendrá la última palabra en el tema. Ojalá que no sea el caso y éste resuelva conforme a derecho.
Por lo demás, Andrés Manuel se evidencia una vez más no sólo como un ser profundamente rencoroso y vengativo, sino también como un personaje autoritario y obsesionado con la idea de que el poder sólo funciona si es absoluto.
@lialimon
Abogada y consultora