Esta semana finalmente se publicaron los lineamientos para que los refugios para mujeres víctimas de violencia puedan acceder a recursos públicos a través de la Secretaría de Bienestar. Aunque dicha publicación constituye un avance, en los lineamientos se establece un plazo de 30 días hábiles a partir de la firma del convenio como margen para la entrega los recursos, es decir, si un refugio firma convenio hoy la dependencia tiene como plazo para entregar el dinero hasta finales de mayo, mucho después de concluida al menos la primera cuarentena.
Ya había un retraso en la publicación de los lineamientos de tal manera que los refugios, considerados actividad esencial en el acuerdo dado a conocer la semana pasada, no tenían ni tienen aún fondos que permitan atender el aumento de casos de violencia intrafamiliar durante la pandemia. Por ello, el plazo de 30 días para la entrega de apoyos no tiene razón de ser. La situación que se vive es justificación suficiente para que éstos se pudieran otorgar de manera inmediata sin más trámite burocrático y con la voluntad de salvar vidas de mujeres que hoy están encerradas con su agresor, aplicando la misma lógica que se ha aplicado a todas las recientes compras gubernamentales que han sido exentas de licitación.
El ejecutivo federal ha encontrado en la pandemia justificación suficiente para actuar al margen de la ley, pero sólo en aquello que le importa, dejando abandonados a quienes no gozan de su simpatía. Por ejemplo, sin un análisis previo como al que obliga la Ley de Austeridad sobre la eficiencia y eficacia de cada uno de los fideicomisos públicos, salió un decreto mediante el cual el ejecutivo ordena la extinción de todos aquellos sin estructura orgánica. Ello dando pie a un uso arbitrario de los recursos provenientes de los mismos pues su destino no será objeto de discusión en la Cámara de Diputados, como debiera serlo.
Asimismo, el presidente, ha decidido no posponer la construcción de sus proyectos prioritarios -tren maya, Dos Bocas y aeropuerto de Santa Lucía- y no quitarles recursos aunque ello implique dejar a la deriva al sector privado, principalmente la pequeña y mediana empresa y a millones de mexicanos que en ellas trabajan. Aunado a ello, en el acuerdo publicado el 6 de abril que detalla cómo y quienes deben parar sus labores y cuáles son casos de excepción, se ordena a las empresas productoras de acero, cemento y vidrio que tengan contratos con el Gobierno Federal continuar las actividades que les permitan cumplir con los compromisos exclusivamente para estos proyectos. Es decir, para no frenar sus obras, el presidente pone en riesgo la salud de quienes laboran en estas empresas, cuya actividad no se justifica de ninguna manera como esencial.
Lo anterior ejemplifica cómo este gobierno define las prioridades bajo la lógica del capricho, no del razonamiento. En esa lógica donde lo que pesa es la voluntad del presidente, las mujeres violentadas, las más desprotegidas dentro de los grupos vulnerables, son invisibles. “No paren Dos Bocas, pero tómense su tiempo para la entrega de apoyos que salven la vida de mujeres víctimas de violencia”. Así de absurdo.
A pesar de que la secretaria de Gobernación reconoció que durante la pandemia la demanda en los refugios para mujeres violentadas aumentó en un 60% y que las llamadas al número 911 de casos de violencia intrafamiliar incrementaron en un 25%, el gobierno federal es incapaz de reaccionar con la prontitud que se requiere y por el contrario, sujeta el ejercicio de recursos destinados a los refugios a plazos absurdos y trabas burocráticas que en cambio se salta para todo lo que si le importa. La vulnerabilidad de una mujer víctima de violencia que está encerrada con su agresor es mayúscula. Su vida está en riesgo todos los días. Mientras los recursos no se entreguen a los refugios, éstas mujeres no tendrán a donde ir.
@lialimon
