Esta semana, en una de las conferencias mañaneras, el presidente López Obrador defendió su estrategia de seguridad y se justificó con una serie de acciones en la materia. Una vez más, echó la culpa a los gobiernos anteriores de las condiciones de inseguridad que hoy se viven. Sin embargo, sigue sin explicar porqué su primer año de gobierno ha sido el año más violento del que tengamos registro.
Si bien es cierto que las estrategias de administraciones anteriores no lograron acabar con la inseguridad, por lo menos había coordinación, una estrategia clara para la detención de objetivos prioritarios y un discurso congruente, no el desastre y la descoordinación que hoy vemos y que no tiene precedente. Los datos con que se cuenta no le dan la razón al presidente López Obrador ni al Secretario Durazo cuando descalifican el pasado y defienden el presente.
También llama la atención el doble discurso del presidente en el que por un lado crea una Guardia Nacional encargada de la seguridad en la que participa el Ejército y, por otro lado, promete “abrazos, no balazos”. Los militares cuando participan en tareas para garantizar nuestra seguridad no abrazan, hacen uso de la fuerza que es para lo que fueron entrenados.
Asimismo, debiera ser preocupante la cantidad de decesos de miembros de corporaciones policiacas. En este año han muerto mas de 400 policías entre federales, estatales y municipales. Esas pérdidas no se debieran normalizar. Primero porque son vidas humanas y segundo porque esos policías perdieron la vida en manos de criminales defendiendo nuestra seguridad. Pero además, cada vez son menos quienes quieren formar parte de la policía a cualquier nivel, porque se juegan la vida sin que nadie les garantice buenas condiciones laborales, buen equipo para desempeñarlas y seguridad y bienestar para sus familias.
Está el caso de Sonia, la policía de Irapuato, Guanajuato, que ganó el Premio al Mérito Policial 2019 y que recientemente fue encontrada sin vida en una bolsa de plástico con huellas severas de violencia. Ella no contó con las condiciones de seguridad que requería y su familia difícilmente será indemnizada de manera justa por dicha pérdida. Casos como ese no debieran quedar impunes y debería ser la sociedad quien exigiera justicia para ellos.
Al riesgo que corren los policías por las condiciones propias de la labor que desempeñan en un país donde no hay Estado de Derecho, se suma el desprecio que este gobierno ha mostrado hacia las fuerzas policiales. Además de la desaparición de la policía federal, el presupuesto aprobado para el año próximo recorta los recursos de los programas destinados a fortalecer a las policías locales. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), en lugar de ampliarlo en congruencia con lo que se había aprobado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de julio de este año, sufrió un recorte de 0.27% respecto al PEF 2019. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) también fue reducido en un 0.24% y la mayor reducción la sufrió el subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG) que fue de 3.69% con respecto al presupuesto que ejerció este año (datos de México Evalúa). Esto refleja que desde la federación no se apoya el fortalecimiento de las policías locales, a pesar de que éstas atienden la mayoría de los delitos que afectan a los ciudadanos en el día a día, como robos y homicidios.
Por más exigencia y regaño que haya del Presidente a los gobernadores por no encabezar las reuniones de seguridad de sus estados todos los días, si el gobierno federal no rectifica y aumenta los recursos para las corporaciones locales de seguridad y no contribuye a mejorar la coordinación de los tres niveles de gobierno, difícilmente veremos resultados positivos en esta materia en los próximos años.
Abogada y exdiputada
