En repetidas ocasiones, López Obrador ha afirmado, con absoluta contundencia, que su gobierno ya acabó con la corrupción del pasado y que en la integración de su equipo privilegió la honestidad, aunque la historia de varios de sus integrantes lo desmienta. Su lógica, al menos discursiva, es que basta con el ejemplo de un líder íntegro para que los demás se abstengan de cometer abusos.
La pandemia nos ha comprobado lo contrario. Cuando se relajan los controles y aumenta la discrecionalidad se abre espacio a la corrupción. En la compra de insumos y equipamiento médico recientemente se han dado a conocer casos de abuso que contradicen el discurso presidencial y prueban que la buena voluntad es insuficiente para acabar con este mal.
En días pasados se hizo público que el hijo de Manuel Bartlet se ha visto favorecido recientemente con contratos millonarios. De acuerdo con la información difundida, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett ha obtenido al menos siete contratos por adjudicación directa con IMSS, ISSSTE, Marina y Defensa por un monto de 162 mdp (millones de pesos). El último de éstos contratos fue con el ISSSTE por 94.9 mdp, al que se suman otros dos con la misma institución, los tres sin licitación de por medio y amparados en las reglas de compras por la emergencia que hoy se vive. De igual forma los dos contratos con el IMSS ascienden a 8.2 y 31 mdp, éste último para la compra de 20 ventiladores pulmonares a 1.5 mdp cada uno, los mas caros que ha comprado el gobierno federal para atender la pandemia y a un precio muy superiores a los que existen en el mercado.
Estos contratos adjudicados al hijo de Bartlett de manera directa son sólo una muestra de lo que está pasando con las compras gubernamentales y ponen en entredicho la congruencia de la actual administración en la lucha contra la corrupción. Que en tiempos de pandemia se puedan dar compras de emergencia es normal, pero que éstas favorezcan al hijo de un alto funcionario de este gobierno y a precios que no compra ni Trump genera suspicacias, más aún cuando López Obrador desde la oposición fue sumamente crítico con casos como este en otros gobiernos.
Esta no es la primera vez en la que hay sospechas de irregularidades en las compras gubernamentales durante la pandemia. Unas semanas atrás, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que el IMSS había contratado con la empresa Levanting Global Servicios la compra de 2,500 ventiladores en 2,223 mdp a través de una adjudicación directa y que dicha empresa estaba dirigida por Baldemar Pérez Ríos, un personaje señalado por tener vínculos con empresas fantasma tanto en Estados Unidos como en México.
Esto pone de manifiesto las debilidades que sigue teniendo nuestro sistema y que esto no se resuelve por arte de magia. El poder controla al poder y mientras ello no suceda, no importa quien lo ejerza, los riesgos de que éste se corrompa son los mismos. Para combatir la corrupción se requiere de instituciones fuertes, órganos vigilantes y mecanismos legales de control y fiscalización y se hace fundamental el respeto al entramado normativo, que hoy, bajo el argumento de la emergencia, se está dejando a un lado.
En este sentido, urge retomar la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción al que la actual administración desde su arranque puso freno y garantizar la imparcialidad de quienes lo integren.
Asimismo, estos casos nos dan un elemento mas para defender la división de poderes en la aprobación y el ejercicio del gasto público y rechazar la iniciativa enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados con la que pretende darse facultades para el uso discrecional del presupuesto. Ante los abusos de poder, nada que elimine contrapesos puede ser justificable.
Abogada y consultora
@lialimon
