Mientras Andrés Manuel distrae la atención acusando sin pruebas un complot en su contra al parecer auto fabricado, aprovecha para seguir impulsando acciones que dañan al país: desapareciendo fondos y programas enfocados a atender a grupos vulnerables, atacando a gobiernos estatales que públicamente cuestionan sus decisiones, impulsando iniciativas para debilitar a los organismos autónomos y para hacerse del control discrecional del presupuesto y dilapidando el dinero en caprichosos proyectos poco rentables.
La fabricación de un complot tiene un doble objetivo. Por un lado, es una buena forma de levantar cortinas de humo que nos distraigan de hablar de los temas importantes para el país como lo son la situación económica, el desempleo, la adjudicación de contratos millonarios a familiares y amigos y el mal manejo de la pandemia. Por otro lado, contribuye a seguir polarizando a la sociedad y permite al presidente colocarse en el papel de víctima desde donde es mas fácil echar culpas que asumir responsabilidades.
Somos uno de los países con más alto índice de letalidad a causa del covid y la curva no empieza a aplanarse, lo que quiere decir que estamos entre los más erróneos en la implementación de medidas para atenderlo y contenerlo. También somos uno de los países con mayor impacto económico, en parte porque nuestra crisis ya venía desde antes de la pandemia a causa de malas decisiones y en parte por las medidas que se han tomado y las que se han dejado de tomar durante la misma. Esta crisis ya dejó millones de desempleados y nuevos pobres, decenas de miles de muertos y una violencia desbordada y a ello súmense los actos vandálicos de las últimas semanas en Jalisco y Ciudad de México.
En cuanto a las instituciones, todos los días sucede algo que refleja la intención de vulnerar su autonomía e incluso desaparecerlas. La CNDH fue puesta en manos de una titular que ni siquiera comprende su papel como ombudsperson y que además de ser omisa en la defensa de los derechos humanos, ahora propone convertir al organismo en una procuraduría de los pobres, vulnerando así el mandato constitucional que conlleva su nombramiento. Al mismo tiempo, el coordinador de Morena en el Senado dio a conocer la intención de fusionar el IFT, la COFECE y la CRE en un Instituto Nacional de Mercados y Competencias con el argumento de generar ahorros, cuando la austeridad es sólo un pretexto para desaparecer organismos autónomos que incomodan al presidente, pues de acuerdo con México Evalúa estos solo ejercen el 2% del presupuesto.
Ello explica la necesidad de distraer la atención de estos temas con la denuncia de una supuesta conspiración que además permite esconder el fracaso presidencial a 18 meses de un gobierno que no tiene un solo dato ni un solo logro que presumir. AMLO nunca ha aceptado una derrota, cuando le va mal se radicaliza y la culpa siempre la tiene alguien más. Eso es lo que está haciendo con el invento de la BOA, y de paso contribuye a polarizar mas el ambiente, a fomentar la violencia contra los opositores y a generar miedo que siempre facilita el control.
Por último, en una democracia nada tendría de malo una alianza opositora pare derrotar en las urnas a quien ostenta el poder, como él lo hizo en el 2018. Mencionar a empresas, organismos, comunicadores y medios por su nombre constituye una amenaza velada que vulnera la libertad de expresión y de asociación. La oposición está en todo su derecho de organizarse y participar en este como en otros tiempos.
@lialimon
Abogada y consultora
