Han circulado dos videos que ponen en evidencia hechos de corrupción. En uno de ellos se exhibe a ex trabajadores del senado recibiendo sobornos de Pemex, este video se complementa con las declaraciones filtradas en medios de un delincuente confeso, Emilio Lozoya, que afirma que éstos se entregaron a senadores de oposición a cambio de su voto para aprobar la reforma energética, de lo cual hasta el momento no existe evidencia alguna. El otro video exhibe al hermano del presidente, Pío López Obrador recibiendo dinero para la campaña de su hermano de manos de David León, entonces promotor de Morena y quien había sido nombrado titular de la empresa gubernamental distribuidora de medicamentos creada recientemente disque para combatir la corrupción en ese rubro.
Al primer video el presidente le dio toda la publicidad, incluso exhibiéndolo en la mañanera y pidió a la fiscalía que investigue los hechos. Al segundo, que
expone una red de corrupción para financiar una campaña política en la que están involucrados familiares del presidente y funcionarios cercanos a él, lo minimiza diciendo que eran aportaciones voluntarias y molestó tanto en Palacio Nacional que hoy hacen lo imposible por acallar la voz del periodista que lo dio a conocer.
El presidente utilizó el primer video como cortina de humo para desviar la atención del desastre que hoy vivimos y hay quienes afirman que para adelantarse a la inminente filtración del video del hermano incómodo. El juicio de Lozoya sin Lozoya pretende crear un circo y distraernos de una desoladora realidad: caída histórica del PIB, decrecimiento económico sin precedente, pérdida de 12 millones de empleos y tercer lugar en muertes por COVID a nivel mundial. La reacción del Presidente y el actuar de la fiscalía reflejan un manejo discrecional de la justicia que evidencia la falta de autonomía de esta última y vulnera las garantías de todo ciudadano a un debido proceso.
En un Estado de Derecho existen las vías procesales e institucionales para castigar a quien comete un delito. Es en las instancias judiciales y de procuración de justicia donde los procesos se inician y deben tener cabida sin vulnerar los derechos de las personas. Para ello, tienen la obligación de recabar elementos probatorios ante cualquier caso donde se presuma que haya habido corrupción. No se puede culpar sin pruebas ni exonerar teniéndolas. Hasta hoy no le han probado nada a ex presidentes, ex secretarios y ex legisladores. Los que si han quedado exhibidos son David León, el hermano del presidente, y los operadores del Senado. De no iniciar investigaciones y actuar conforme a la ley, estamos ante un régimen autoritario que hace uso faccioso de los aparatos de procuración de justicia y donde se fabrican delitos, vulnerando el principio de presunción de inocencia y las garantías procesales.
La idea del presidente de someter a consulta pública la decisión de juzgar a los ex presidentes mencionados por Lozoya en sus declaraciones y de hacerlo el día de las elecciones intermedias del 2021, además de ser inconstitucional y no tener cabida en un Estado de Derecho, refleja la intención de AMLO de continuar con el show y obtener un beneficio en las urnas y su desprecio por las vías institucionales para impartir justicia. La aplicación de la ley no puede estar sujeta a la voluntad popular. De seguir adelante con esta intención, tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien por inconstitucional frene esta aberración. Mientras tanto, el presidente, en lugar de dedicarse al circo, debiera gobernar.
@lialimon
Consultora y abogada
