Nadie está en contra de cambiar las cosas, pero si de destruir lo que ya existe sin un diagnóstico ni propuesta sólida para crear un nuevo sistema de salud, y sin una planeación ni estrategia adecuada que garantice una transición ordenada y que no vulnere el ejercicio de un derecho consagrado en nuestra Constitución. Los cambios siempre son graduales, sin embargo, en cuestiones de salud, la atención a las enfermedades en muchas ocasiones es de vida o muerte y no puede esperar.
La crisis por la que están pasando los servicios de salud en México por la cancelación del seguro popular y el desabasto de medicamentos está poniendo en riesgo la vida de personas con enfermedades que requieren de tratamientos urgentes, aquellos casos donde la vida depende de la oportunidad con la que se diagnostique la enfermedad y se brinde el tratamiento adecuado al paciente, como son los casos de cáncer.
A partir de la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, de acuerdo con los testimonios de la gente, lo que se vive es un caos tanto para autoridades como para directivos de hospitales y personal que ahí labora que repercute en la prestación de los servicios. La falta de nuevas reglas y lineamientos, la carencia de información y la falta de claridad ocasiona confusiones, negligencia y abusos como los que estamos viendo. A ello se suma el ya multicitado desabasto de medicamentos. Este gobierno, con el pretexto de transformar y combatir la corrupción está dejando a gente de los sectores más vulnerables que no tienen forma de pagar un tratamiento privado sin servicios públicos.
El Seguro Popular era un programa que llevaba 16 años funcionando y atendía a aquellos que no cuentan con seguridad social con el fin de garantizar el derecho a la salud consagrado en nuestra Constitución. En el 2003 se creó el Sistema de Protección Social en Salud cuyo brazo operativo sería el Seguro Popular, con el principal objetivo de garantizar el acceso integral a los servicios públicos de salud para todos los mexicanos, siguiendo cuatro ejes: equidad, calidad, protección financiera y cobertura universal. Eran los primeros pasos para caminar hacia un sistema de salud universal y para ello se comenzó con programas específicos que buscaban la cobertura de la población mas vulnerable.
Como toda política pública, había áreas de oportunidad y mejora. La calidad de los servicios, responsabilidad de las entidades federativas, aún deja mucho que desear pues la gran heterogeneidad que caracteriza a los sistemas estatales de salud ha sido un obstáculo para ello. Asimismo, la corrupción por parte de las entidades federativas en la compra de medicamentos es de urgente atención.
Sin embargo, se invirtió tiempo, dinero y esfuerzo en construir paulatinamente el Seguro Popular y se logró afiliar a más de 50 millones de mexicanos a lo largo de sus años de operación, en su gran mayoría, aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza y cuya única opción para sobrevivir a una enfermedad son los hospitales públicos.
La creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar que hoy sustituye al Seguro Popular no parte siquiera de un diagnóstico de los retos que aún se enfrentan y que urge atender para dar los siguientes pasos en la construcción de un sistema de salud universal, entre ellos: la transición demográfica y epidemiológica que hacia el 2050 irá modificando la demanda de enfermedades y exigirá que el sistema de salud cuente con el personal calificado para enfrentarlas, una mayor inversión en la prevención de enfermedades como la diabetes y, lo más urgente, una estrategia que permita mejorar la calidad y oportunidad de los servicios y obligue a las entidades federativas a trabajar en ello sin dilación, pues de ello depende la posibilidad de lograr algún día un sistema de protección social para todos los ciudadanos independientemente de su condición laboral.
Abogada y exdiputada federal
