La semana pasada Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 sin modificaciones al proyecto que el Ejecutivo Federal envió al Congreso. Si bien este presupuesto tiene algunos elementos positivos como el de la disciplina fiscal que de entrada garantiza que el ejecutivo no gaste más de lo que ingresa y, por lo tanto, no endeude más al país, hay tres características que se pueden destacar de la personalidad de López Obrador en este presupuesto, como en la gran mayoría de los actos y decisiones que ha impulsado durante su primer año de gobierno.
La primera de estas características es ser un presidente populista. El aumento al presupuesto para los programas sociales, que en principio tendría que ser algo positivo, se suma a una serie de elementos que definen la política social actual como una política clientelar. El presupuesto para la Secretaría de Bienestar aumentó considerablemente, quedando con 181 mil 457 mdp que se destinarán a los principales programas sociales de esta administración. El problema es que dichos programas hoy son principalmente transferencias directas de recursos que carecen de reglas de operación, de focalización eficiente para atender carencias específicas y llegar a quienes tienen que llegar y de mecanismos efectivos de evaluación dado el debilitamiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). Los programas sociales como el de estancias infantiles o comedores comunitarios que buscaban dar un servicio y con ello garantizar derechos han sido eliminados por este gobierno, dando paso a entregas de apoyos directos que han probado durante años ser ineficientes e insuficientes para aliviar la pobreza.
La segunda característica del presidente es su necedad. El presupuesto aprobado en inversión pública para el 2020 es de aproximadamente 759 mil mdp y considera al menos tres “megaproyectos” de esta administración, el tren maya, el tren del Itzmo y el aeropuerto de santa Lucía, proyectos que hasta hoy no han logrado generar un gran interés en el sector privado, del que se requerirá participación. Hago especial énfasis en el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, cuestionado en múltiples ocasiones por diversos sectores y del que la última noticia que tuvimos es que dos de sus pistas, la 1 y la 3, no podrán operar simultáneamente. A pesar de estos cuestionamientos sobre su viabilidad, el presidente no ha sido capaz de reconsiderar su postura y sigue necio con la decisión de construirlo destinando una suma muy importante de recursos a un proyecto que augura ser fallido y que hoy, después de un año de haber sido anunciado, aún está en litigio y no cuenta con los permisos para su construcción.
La tercera característica es la de ser un presidente autoritario que pretende acabar con los contrapesos. La disminución de recursos a los organismos autónomos con respecto a lo que enviaron como iniciativa los autónomos es de 4,491 mdp es probablemente lo más grave en todo el presupuesto que se aprobó para el próximo año, siendo el INE el más afectado con una merma de mas de mil millones de pesos que se suma a la reducción que ya había sufrido el año pasado. Esto aunado a una serie de hechos recientes que buscan restar autonomía, fuerza y legitimidad a estas instituciones, entre ellos, el nombramiento de titulares a modo cercanos al presidente como sucedió con la CNDH y el Coneval, la descalificación a sus recomendaciones, posturas y declaraciones y, en el caso del INE, la iniciativa que ya amagó con presentar Morena para remover a Lorenzo Córdova de la presidencia y debilitar a la institución. Lo mismo sucede con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que también sufrió por segundo año consecutivo un recorte presupuestal importante que coincide con el intento de cooptarla a través del nombramiento de ministros cercanos al presidente al menos ya en dos ocasiones.
Por ello, el presupuesto aprobado para el 2020 debiera alertarnos sobre lo que seguirá siendo la forma de gobernar del titular del Ejecutivo Federal y unificar a la ciudadanía en la defensa de un gasto responsable que garantice el ejercicio de derechos y contribuya al buen funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.
@lialimon
