Esta semana, el Fiscal General de la República dio a conocer en reunión plenaria con diputados de Morena su propuesta de eliminar el tipo penal de feminicidio y reclasificarlo como homicidio calificado; otra propuesta que revela su falta de vocación por el respeto a los derechos humanos y su desconocimiento respecto de los compromisos adquiridos por México en el ámbito internacional.
El argumento de Gertz Manero para desaparecer el feminicidio es “la dificultad que el Ministerio Público tiene para acreditarlo”, es decir, para probar la finalidad de razones de género. Si bien es cierto que ese elemento subjetivo que compone el tipo penal implica un reto en la integración y judicialización de una carpeta de investigación de este delito, ello no justifica su desaparición. Por el contrario, el Fiscal General debiera analizar cómo basar la codificación del mismo en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos penales locales y cómo fortalecer los protocolos y la capacitación de ministerios públicos, policía de investigación y peritos, para mejorar la integración de los expedientes.
La propuesta del fiscal general denota una profunda ignorancia en cuanto a los avances y compromisos que el Estado Mexicano ha adquirido en materia de género. La tipificación del feminicidio en nuestra legislación penal da respuesta a un compromiso internacional establecido en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ( CEDAW ) que es la norma internacional más importante de protección de los derechos de las mujeres en el ámbito de Naciones Unidas y al cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la del caso “González y otras” de noviembre del 2009, conocido como Campo Algodonero.
Quienes han ratificado la CEDAW, como es el caso de México, deben apegarse a ella y presentar ante el Comité encargado de examinar los progresos informes periódicos
sobre la situación de dichos derechos. En julio del 2018 el Estado mexicano presentó su noveno informe tras el cual el Comité reconoció “las reformas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular una disposición en la que se tipifica como delito el feminicidio en 2016” y recomendó a México la armonización de los códigos penales estatales con la descripción del feminicidio en dicha Ley y la normalización de los protocolos de investigación policial del feminicidio, recomendaciones que aún están pendientes de cumplirse y sobre las cuales deben reportarse avances por escrito en julio de este año.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también condenó al Estado Mexicano a estandarizar “protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.”
El Fiscal General de la República debiera concentrarse en trabajar de manera conjunta con las entidades federativas para cumplir con las recomendaciones que se han hecho al Estado Mexicano. De no hacerlo y de materializar su reciente propuesta, el informe que México presente en julio próximo será la crónica de un ridículo anunciado. Más aún si a eso se añade que en México diariamente 10 mujeres son asesinadas.
Eliminar el tipo penal no puede ser la solución, primero porque antes de que el mismo existiera tampoco había avances en las investigaciones de homicidios contra mujeres. Es decir, la falta de resultados no tiene que ver con que el tipo penal dificulte las investigaciones sino con la falta de voluntad de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia en todos los niveles de gobierno. Además, si se elimina este delito y se deja sólo como homicidio calificado, se pierde el sentido que se busca dar a un delito que se comete contra una mujer precisamente en razón de su género.
Esperemos que el fiscal general recapacite y concentre sus esfuerzos en cumplir las recomendaciones internacionales y avanzar en las investigaciones de miles de feminicidios que hasta hoy siguen impunes.
Abogada y ex diputada federal
