La toma hace un par de semanas de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por colectivos feministas que luchan contra la violencia de género y familiares de víctimas que demandan justicia y que reclaman no haber sido atendidas por el organismo, refleja el estado de descomposición de una institución que en años pasados había logrado avanzar no sólo en su autonomía sino también en una interlocución efectiva, constante y respetuosa con las víctimas, las organizaciones que las representan y con defensores de derechos humanos en general.
Han transcurrido ya diez meses de que Rosario Ibarra tomó posesión como titular de la CNDH. Además de haberse dado su nombramiento tras un proceso muy atropellado en el Senado y lleno de irregularidades, el balance sobre su desempeño deja mucho que desear. Ha sido omisa en las tareas fundamentales que debe llevar a cabo la institución, entre ellas, hacer recomendaciones a las autoridades responsables de violaciones a derechos humanos, dictar medidas cautelares cuando son necesarias acciones o abstenciones por parte de servidores públicos a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones, presentar acciones de inconstitucionalidad y, una muy importante, la atención y el acompañamiento institucional a las víctimas, que es lo que hoy le reclaman.
La crisis explotó cuando un grupo de familiares de víctimas y colectivos feministas tomaron las instalaciones de la CNDH en el centro histórico de la CDMX para exigir que sus casos sean atendidos. Marcela Alemán, una mujer cuya hija fue víctima de violación en 2017 y que acudió a la Comisión en busca de ayuda sin encontrar respuesta, fue quien inició esta protesta a la que se fueron sumando otras mujeres que además de atención a sus demandas piden terminar con el discurso de descalificación del movimiento feminista y una recomendación general en contra de la violencia feminicida.
El hartazgo de las víctimas trasciende a la institución y tiene que ver con la falta de respuesta de las autoridades gubernamentales de todos los niveles de gobierno, pero este acto refleja también la inexistente interlocución del organismo con ellas. A las víctimas las mueve el dolor de su pérdida y la frustración y el enojo por la falta de respuesta del Estado, por la imposibilidad de lograr justicia, por la revictimización de la que han sido objeto por años. Sus demandas son más que legítimas. No hay intereses ocultos, no hay grupos desestabilizadores detrás de ellas, hay desesperación, indignación y cansancio y empiezan cada día con la lucha y la esperanza de que los actos criminales perpetuados contra ellas o sus seres queridos no queden impunes.
Pareciera que la titular de la CNDH, pese a su propia historia familiar, no ha entendido esto ni cuál es su papel como ombudsperson ante estos grupos. La Comisión fue creada para defender a los ciudadanos contra los abusos de autoridad. Si bien es cierto que la grave crisis de derechos humanos no puede resolverse únicamente desde la institución, para que ésta le sirva a México, debe estar siempre del lado de las víctimas y cerca de ellas y no ser una aliada del gobierno. Mantener interlocución con instancias gubernamentales claro que es necesario, pues sólo así se logra el cumplimiento de las recomendaciones, pero de ahí a ser su cómplice hay una distancia importante. A veces incluso la CNDH, para ser exitosa, debe convertirse en una piedra en el zapato de la autoridad, pero nunca apedrear o descalificar a quien ha sufrido violaciones a sus derechos como hoy lo está haciendo.
@lialimon
