La semana pasada el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas al artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) que busca darle atribuciones al Ejecutivo federal para reorientar discrecionalmente recursos del presupuesto de egresos ante emergencias económicas o sanitarias, sin importar lo que antes ya haya aprobado la Cámara de Diputados, que es la instancia constitucionalmente facultada para aprobar cada año el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esta iniciativa, de aprobarse, daría al presidente el control absoluto del presupuesto, anulando de facto la participación de la Cámara de Diputados en la revisión respecto a cambios significativos en el mismo que sean propuestos por el Ejecutivo, ante una fuerte caída en la recaudación, como la que se espera este año. Ello implica un grave atropello a la división de poderes establecida en nuestra Constitución y pone en riego el funcionamiento del sistema democrático en el que los contrapesos son un elemento fundamental.
Con el pretexto de la emergencia económica derivada de la pandemia que hoy vivimos el presidente impulsa una reforma que debilita al poder legislativo para concentrar él mismo todo el poder. Ante la posibilidad de perder la mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021, el Covid19 le viene como anillo al dedo para modificar las reglas del juego y pasar reformas que, independientemente del resultado electoral, le garanticen el manejo de los recursos a su antojo y sin rendir cuentas a nadie.
De aprobarla en periodo extraordinario como pretenden hacerlo los diputados de Morena, dejarán como adorno al poder legislativo en una de sus tareas fundamentales como lo es la aprobación del gasto público. No importa lo que los diputados discutan, acuerden y voten, el Presidente podrá cambiar el presupuesto, desplazándolos para disponer de los recursos de manera discrecional. A río revuelto ganancia de pescadores. Claramente AMLO está tomando ventaja de la crisis que hoy se vive para alterar nuestro orden constitucional, debilitar al Congreso y adquirir facultades plenipotenciarias que hoy la constitución no le confiere.
No es la primera vez que vemos un acto autoritario y antidemocrático de este gobierno. Lo hemos visto a lo largo del casi año y medio que llevan gobernando, en la imposición de una ombudsman que no cumple con los requisitos para serlo y vulnerando el proceso de su designación, en los ataques constantes para debilitar al Instituto Nacional Electoral, en el nombramiento a modo de ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cancelación de políticas públicas enfocadas a garantizar derechos, en el intento de impulsar un paquete de iniciativas de reforma en materia de justicia violatorias de derechos humanos, entre otras acciones. Aunque parezcan improvisadas, todos los actos de Andrés Manuel están perfectamente calculados y enfocados en concentrar el poder y en debilitar a todos los demás actores para tomar decisiones sin tener que discutirlas con nadie, sin los contrapesos que son característicos de una democracia.
En lugar de propuestas autoritarias como ésta, lo que urge y ya diversos actores lo han repetido hasta el cansancio, es que el Ejecutivo Federal proponga, como se ha hecho en otros países, un plan integral que contemple medidas contracíclicas encaminadas a reactivar la economía.
Esta reforma, por ser a una ley y no a la Constitución, no requiere de mayoría calificada en el Congreso. Morena y sus aliados tienen los suficientes votos para aprobarla. Ojalá el bloque de oposición en el Congreso se mantenga firme y unido a fin de evitar que se convoque a un periodo extraordinario para la discusión de la misma y ojalá también algunos legisladores de Morena se den cuenta que de votarla a favor estarían siendo partícipes del debilitamiento del poder del que hoy forman parte y fomentando la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público que siempre abre la puerta a la corrupción.
@lialimon
Abogada y consultora
