La crisis económica que se viene como resultado de la pandemia, la alza del precio del petróleo y las malas decisiones del gobierno serán sumamente graves y afectarán más, como siempre, el bolsillo de los más desfavorecidos. Estas situaciones generalmente amplían las brechas de desigualdad. Aquellos que trabajan en la informalidad, la mitad de nuestra población ocupada en México, enfrentan estas situaciones de manera muy distinta a quienes forman parte de la economía formal. La informalidad no sólo implica bajos ingresos en general, sino también la falta de prestaciones. Ello dificulta sus posibilidades de aislamiento, pone en riesgo su salud, afecta sus condiciones sociales y familiares e impacta negativamente en sus ingresos.
Dentro de este sector se encuentran los 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar, la gran mayoría mujeres, quienes por años han carecido de contratos y prestaciones. En estos tiempos del coronavirus se hace indispensable buscar la forma de que este sector de la sociedad no pierda sus trabajos ni deje de percibir ingresos, pues de dichos ingresos depende su supervivencia y la de sus familias.
Algunas de estas trabajadoras, sobre todo quienes son de planta, podrán y preferirán llevar a cabo el aislamiento en sus lugares de trabajo. De ser este el caso, se les debieran pagar las horas extras o permitir que sus días de descanso realmente lo sean (aunque permanezcan en la casa), garantizar sus medidas de seguridad y si en el hogar donde laboran existe alguien que contraiga el virus, buscar que guarden la distancia física con la persona contagiada y facilitarles utensilios que reduzcan sus posibilidades de contagio.
Muchas otras trabajadoras domésticas, principalmente quienes trabajan de entrada por salida, han escogido ese esquema porque se hacen cargo de su hogar no solo en términos económicos sino también de cuidados. Ese sector de la población, la única forma en que puede cumplir con el aislamiento es permaneciendo en su vivienda, más aún cuando en muchos casos deben hacerse cargo de sus hijos hoy que las clases se han suspendido.
Por otro lado, las tareas de cuidado desafortunadamente hoy recaen principalmente en las mujeres. Así incluso lo reconoció el presidente en días pasados, pero lo hizo fomentando estereotipos y sin anunciar ninguna política de apoyo enfocada a este sector de la población que tendrá que asumir una mayor participación en dichas tareas, lo cual pone en riesgo sus trabajos e ingresos. La suspensión de clases a partir de esta semana las pone en desventaja y muchas de ellas son el sostén principal de la familia y pueden encontrarse ante el complejo dilema de cuidar o trabajar.
Hay mucho que hacer desde el gobierno con esta pandemia, y nos han quedado a deber. De entrada no han anunciado un paquete de medidas económicas concretas y tampoco pareciera que trabajan en políticas públicas enfocadas a apoyar a estos sectores de la población. Para el presidente, la solución a la pobreza son las transferencias directas de recursos y eso lo ha dejado claro.
Sin embargo, como sociedad y con los privilegios sociales que tenemos, nos toca hacer nuestra parte. En el caso de las trabajadoras del hogar es nuestra responsabilidad, la de quienes fungimos como sus patrones, por lo menos pagar sus sueldos completos para que puedan llevar a cabo este aislamiento de manera digna. Ello contribuirá no sólo a evitar la propagación del virus sino también a mantener las condiciones sociales de este sector de la población.
Esta debiera ser una oportunidad para generar lazos solidarios y fortalecer el sentido de comunidad, para acercarnos y no para acentuar más las diferencias sociales, que hoy ya son muchas. Despedir a las trabajadoras del hogar por las medidas de aislamiento sería un despido injustificado y un daño a su economía y a la economía del país. Actuemos de manera solidaria y asumamos nuestra responsabilidad.
Abogada y consultora
@lialimon
