El plazo que había fijado en marzo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan se cumplió y, el primero de julio, Turquía se desvinculó del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul. Esto ha generado muchísimas reacciones al interior de ese país, pero también fuera de él y en distintas instancias internacionales.

El Comité de la CEDAW instó el jueves pasado a Turquía a reconsiderar su retirada como cuestión de máxima prioridad. Dijo el Comité: “La adopción de esta decisión (de retiro) en medio de la pandemia de Covid-19 puede afectar la protección para mujeres y niñas en un momento en que la violencia de género está en aumento”. Y, efectivamente, existen datos proporcionados por la Federación de Asociaciones de Mujeres Turcas que señalan que, desde el inicio de la pandemia, las mujeres son menos propensas a pedir ayuda y es más difícil que la reciban. Con la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria también han aumentado, como en la mayoría de los países del mundo, los casos de violencia doméstica.

Para el Comité CEDAW, “al desvincularse de sus compromisos internacionales de combatir la violencia doméstica y otras formas de violencia de género, Turquía socava el reconocimiento de normas imperativas del derecho internacional como la prohibición de la tortura, el feminicidio y otras formas graves de violencia de género”. Se trata —dijo— “de un acto sin precedentes. No tiene un fundamento y una justificación válidos”.

¿Qué fundamento y justificación dio entonces el mandatario turco si fue él mismo quien firmó, en aquel entonces como primer ministro, el Convenio en 2011 e impulsó la ratificación en el Parlamento en 2012? La retirada se interpreta como un giro hacia el sector ultraconservador con miras a las próximas elecciones presidenciales. Erdogan busca mantener el apoyo del Partido AK de raíces islamistas que afirma que el Convenio de Estambul socava las estructuras familiares y “fomenta” la homosexualidad. Esto en virtud de que contiene una definición del concepto género y que las víctimas no pueden ser discriminadas por ningún motivo, específicamente por orientación sexual o identidad de género. Asimismo, el texto destaca la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres y promueve su empoderamiento e insta a erradicar los prejuicios, costumbres, tradiciones basadas en la idea de la inferioridad de la mujer o en roles estereotipados.

Expresamente, el presidente turco ha argumentado que la salida “no implica un cese de la lucha contra la violencia” y que “solo intenta poner por delante las leyes nacionales”. Ha dicho: “nuestra lucha contra la violencia hacia las mujeres no empezó con este tratado ni terminará con la retirada del tratado". La pregunta obligada es: ¿tienen las leyes nacionales mayores estándares de protección que las internacionales? Si así fuera, no contravendrían el Convenio. Todo indica más bien que hay reglas que incomodan y que busca desacatar. Sus declaraciones se tienen que leer con suspicacia.

Desde el jueves pasado, las calles de las principales ciudades de Turquía están colmadas de mujeres que señalan como un logro de su lucha la inclusión de estándares internacionales en su protección y que decisiones tan delicadas como ésta no pueden quedar al capricho de un solo hombre.

Experta Comité CEDAW/ONU.
@leticia_bonifaz

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