El 25 de noviembre pasado no fue una conmemoración más del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Quedó marcado por el performance de las jóvenes chilenas que se repitió en diversas partes del mundo y, por supuesto, de México. El mensaje fue muy claro. No se nos puede seguir culpando a las mujeres por las agresiones sexuales que sufrimos. El único culpable es el agresor y sus cómplices, en su caso. Ningún hombre tiene “derecho a disponer” del cuerpo de ninguna mujer, nunca. Así de sencillo.
El 25 de noviembre en México, también estuvo marcado por el artero asesinato de Abril Pérez, una mujer que se había atrevido a denunciar al marido por tentativa de feminicidio al haberla golpeado en la cabeza con un bate mientras dormía. El caso puso bajo la lupa la actuación del juez Federico Mosco y del magistrado Héctor Jiménez López al reclasificar el delito y dejar a Juan Carlos García en libertad por considerar que solo hubo violencia familiar. Hoy está en revisión el comportamiento de estos jueces y esperamos que exista una sanción ejemplar para ambos.
Por otro lado, en la CDMX, como respuesta a la violencia contra las mujeres se anunció una medida que tiene que ser revisada. Se trata de una iniciativa de Ley para prever un Registro Público de Agresores Sexuales, en el que se va a ir actualizando la foto del sentenciado para poder identificarlo.
Esta medida tiene varios problemas: 1.- No tiene base constitucional. Las penas solo pueden ser impuestas por autoridad judicial y esta medida administrativa, posterior a la sanción penal, constituye una pena adicional que, además, no estaba prevista cuando la persona cometió el delito. 2.- Para efecto de la reinserción, la Ley Nacional de la Ejecución Penal prevé que solo las personas privadas de su libertad por delitos graves pueden mantenerse en una base de datos después de cumplida su sentencia, pero esta base serviría solo a las autoridades y para las constancias de antecedentes penales, no para constituir un Registro Público.
Sobre las constancias de antecedentes penales, Luis Raúl González Pérez señaló, en su momento, que “se debe garantizar la no discriminación y estigmatización de las personas tras haber cumplido su pena y que debe garantizarse la reinserción social efectiva evitando la trascendencia de la pena y garantizando la privacidad personal y familiar y el ejercicio de un proyecto de vida por parte de quien ya cumplió una sentencia.”
Asimismo, un registro público implicaría dar a los particulares elementos para su propia defensa en lugar de que el Estado asuma completamente su función.
La medida, además, busca erradicar el problema enfocándose a personas sentenciadas, que finalmente constituyen un número muy reducido considerada la totalidad de agresiones que se dan, ya que son pocos los casos que se judicializan y que terminan con sentencia condenatoria en relación con los que se quedan solo en denuncia y los que ni siquiera son denunciados.
Si la iniciativa llegara a aprobarse, quedan abiertos los cauces de la acción de inconstitucionalidad y los juicios de amparo.
La creciente violencia hacia las mujeres representa un problema muy grave que requiere de soluciones idóneas, bien pensadas y mejor instrumentadas. Algunas ya están en proceso y se deben seguir fortaleciendo: generar los cambios culturales a través de la educación formal e informal; campañas permanentes y bien orientadas para prevenir y denunciar; capacitación continua a policías, fiscales y jueces. No se puede seguir revictimizando a ninguna mujer, ni el primer contacto con la autoridad puede seguir siendo violento.
El mensaje de las chilenas hizo cimbrar conciencias. No es fácil desmontar lo que tiene un arraigo de siglos, pero hay que seguir intentándolo pieza por pieza.
Catedrática de la UNAM.
@leticia_ bonifaz
