Estudié Derecho Constitucional en la época en que el PRI todavía tenía el carácter de partido hegemónico y, en consecuencia, podía promover cambios constitucionales sin obstáculos de por medio. En las clases de entonces se nos enseñaba que, teóricamente, la Constitución Mexicana quedaba clasificada como una Constitución rígida, porque para su modificación necesitaba mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de más de la mitad de las legislaturas de los Estados. Al haber un partido hegemónico con una línea partidista que se respetaba fielmente, en el terreno de los hechos nuestra Constitución pasaba a ser flexible porque se modificaba con facilidad siguiendo en el Congreso y en los Estados la línea partidista.
El mapa político electoral comenzó a cambiar con las reformas constitucionales que dieron pie a la LOPPE. El país se pintó décadas después de distintos colores y nuestra Constitución tanto en el plano teórico como práctico se volvió rígida. No se tenía la mayoría calificada para los cambios constitucionales ni era sencillo obtener el voto de más de la mitad de las legislaturas de los Estados. Las reformas que se lograron sacar adelante llevaron trabajo político, búsqueda de consensos y equilibrio en las posturas.
Paralelamente, dado que podía haber minorías que se oponían a los contenidos de determinadas leyes por considerarlas inconstitucionales, se incluyó en la Ley Fundamental la posibilidad de promover acciones y controversias constitucionales. Este mecanismo se fue afinando en las últimas décadas y se les dio legitimación a los partidos políticos para promoverlas cuando se tratara de asuntos electorales.
Este año, nuestro país regresó al esquema de partido hegemónico y, por lo tanto, se facilitan las reformas constitucionales. Las legislaturas de los estados incluso están rompiendo el récord histórico de tiempos de aprobación, como se pudo observar en las recientes reformas. Pero, cuando parecía que no iba a haber manera de activar los mecanismos de defensa constitucional, dado que la reforma judicial implica elección de jueces, magistrados y ministros, los partidos políticos tuvieron la vía para ir a la Corte a pedir que se declarara la inconstitucionalidad de la reforma judicial exponiendo sus argumentos. Las acciones fueron turnadas al ministro Juan Luis González Alcántara y se van a empezar a discutir la próxima semana. La Corte tiene el deber de cumplir con su función de último intérprete para llegar a determinar si se aceptan o no los argumentos de los partidos. La propuesta del ministro es invalidar parte de la reforma. El proyecto es exhaustivo y tiene una argumentación sólida que aún puede ser reforzada en algunos puntos por el resto de sus compañeras y compañeros del pleno. El argumento más importante para mí, son las razones expuestas de por qué sí se puede determinar que algunos cambios constitucionales van en contra de la esencia de la Constitución, particularmente respecto del principio de división de poderes que se ve vulnerado al dejar de asegurar la independencia judicial.
Va a ser una semana por demás intensa tanto en el ámbito político como en el jurídico. En el jurídico vienen sesudas discusiones de temas esenciales para el constitucionalismo mexicano; en el político, se advierte un inminente choque de trenes. El problema es que en el vagón principal viene de pasajero el Estado de Derecho.
Catedrática de la UNAM
@leticia_bonifaz
