En México hay muchos méxicos dependiendo de la región en donde pongamos el foco de nuestra atención. En esta ocasión, hay un contraste entre los Congresos de la Ciudad de México y el de Nuevo León respecto de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de la niñez y la adolescencia.
El pasado 17 de mayo, se celebró el día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Este día, hace treinta años, la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A partir de ahí, en esta fecha se realizan una serie de eventos en el mundo que lleven a hacer visible la discriminación que sufren las personas homosexuales, bisexuales o transgénero y las acciones que hay que seguir desarrollando para su igualdad y ejercicio pleno de sus derechos.
En Alemania, días antes, el Parlamento aprobó, la ley que prohíbe las terapias de conversión para “cambiar” o “curar” la orientación sexual de las personas homosexuales salvaguardando de esta manera la autodeterminación sexual. Estas terapias se aplican usualmente a los menores de edad con el consentimiento, presión, amenaza o engaño de sus padres. Solo la fracción de la extrema derecha votó en contra.
En la Ciudad de México ya está presentada una iniciativa semejante y vamos a ver qué curso toma. En realidad, la propuesta debería ser nacional.
En contraste, en Nuevo León se aprobó, el jueves pasado, una reforma a la ley de educación que, sin una visión integral, reformó el artículo 7 —que es el que contiene los fines de la educación— para incluir en la fracción XII que habla de planificación familiar y paternidad y maternidad responsables, el respeto a la vida desde la concepción. Es la primera vez que este tema sale del ámbito de las leyes de salud y los códigos penales.
Pero el tema no termina ahí, porque el ala conservadora del Congreso de Nuevo León con diputados de varios partidos, va por una reforma constitucional para que —siguiendo los pasos de VOX en España— se incluya el PIN parental con el que se pretende que los padres puedan evitar que, en las escuelas, los niños y niñas sean adoctrinados con los que ellos llaman “ideología de género” para que el centro educativo informe previamente sobre cualquier actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad. El regreso al oscurantismo, pues.
En México la educación sexual de niñas y niños ha estado incompleta; lejana a lo que la Unesco y el Consenso de Montevideo han señalado en la materia. Hasta ahora, ha habido un enfoque muy elemental orientado hacia las funciones reproductivas y los riesgos tanto de embarazo como de contagio de VIH, sin ver a la sexualidad como un aspecto básico de la vida humana desde que se nace hasta que se muere considerando las dimensiones físicas y psicológicas que constituyen las identidades de las personas y que la sexualidad abarca —como ha dicho la OMS— el sexo, las identidades, los roles de género, el erotismo, la intimidad —además de la posible reproducción—.
Todo esto sin considerar que los contenidos de la educación formal en las escuelas, nada tienen que ver con los que niñas, niños y adolescentes reciben hoy por infinidad de fuentes abiertas.
Por fortuna, a pesar de las diferencias ideológicas, los mexicanos vivimos bajo una misma Constitución, con principios muy claros, entre otros, el del Estado Laico y el de la educación libre de fanatismos y prejuicios. Asimismo, contamos con un último intérprete de ella, la Suprema Corte de Justicia, quien se ha pronunciado, en varias ocasiones, con posiciones de vanguardia sobre los roles y límites del Estado y la familia en la educación sexual de las niñas y los niños, de modo que, si las reformas de Nuevo León avanzan, podrían ser sometidas a revisión constitucional. Hay que estar atentos.
Catedrática de la UNAM. @leticia_bonifaz
