En mi trabajo como integrante del Comité CEDAW en las Naciones Unidas, cuando se rinden los informes de cada país, al revisar los temas de salud y educación nos detenemos a analizar detalladamente el fenómeno de los embarazos precoces de niñas y adolescentes. Revisamos la manera como se previenen y atienden y también las garantías de reinserción escolar.
En ese mismo sentido trabaja el Comité de los Derechos del niño y hay políticas, lineamientos y mediciones muy claros de UNICEF, UNFPA y ONU Mujeres para lograr que las infancias y adolescencias se vivan a plenitud.
Cada uno de los Estados Parte que suscribieron las Convenciones respectivas deben mantener políticas de prevención del embarazo precoz. En el caso de México hubo una Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, después de las alertas por los números de la OCDE que ponían a México en primer lugar en este rubro. Las cifras muestran que las zonas indígenas de Chiapas y Oaxaca presentan las tasas más altas de fecundidad de niñas y adolescentes.
El Consejo Nacional de Población CONAPO va a cumplir medio siglo en el 2024 y ha tenido momentos de gran presencia con campañas nacionales exitosas de prevención del embarazo y específicamente de prevención del embarazo adolescente. Este tema no siempre ha sido central en las políticas públicas, pero es indispensable que se retome con recursos suficientes para que, en cada rincón del país, haya campañas por todos los medios, especialmente los digitales, para que con prevención se logre bajar el índice de embarazo adolescente.
Recientemente estuve cerca de un caso que se dio en una zona rural de Chiapas Se trató de una joven que cursaba el segundo de secundaria cuando se embarazó a los 14 años. Su madre, tiene 29, es decir, se repitió la historia.
El padre de la bebé que acaba de nacer tiene 23 años, es decir, una menor de edad tuvo relaciones sexuales con un adulto. Eso constituye un delito, pero no es percibido como tal ni por los involucrados ni por los familiares cercanos. “Robarse a la niña” o que la niña “se huya” es muy común en la comunidades rurales e indígenas. Cuando se transforma el cuerpo de las niñas, ya pueden darse las uniones de hecho, a pesar de la prohibición tajante del matrimonio infantil.
El Estado responde con sanciones penales, pero el delito no será denunciado porque se rompería la armonía en la comunidad. Para la joven abuela, meter a alguien a la cárcel no es algo con lo que se pueda vivir, más si es el padre de su nieta.
¿Tenía la jovencita suficiente educación sexual? En realidad, solo lo básico y no por la escuela, sino por la empleadora de su mamá, que se tomó el tiempo para explicarle y orientarla. A pesar de ello, no se cuidaron. Obviamente la responsabilidad es del adulto que abusó de ella.
A la joven abuela se le notan las emociones encontradas, pero, sobre todo, es evidente la gran preocupación que siente por el destino de su hija y nieta. Solo fugazmente sus pensamientos se detienen en su otra hija, quien, a sus once años, está atestiguando esta historia. ¡Ella va bien en la escuela! ¡tiene sueños! —me dice esperanzada—.
Las niñas y adolescentes no deben ser madres. Urge romper con las prácticas comunitarias ancestrales. La respuesta de los Estados debe ser ágil y oportuna a través de campañas machaconas que lleguen al público adolescente. Vamos tarde y el tiempo apremia.