Entre tantos temas en la agenda política, pasaron desapercibidas las recomendaciones que el 16 de septiembre pasado el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas hizo a México después de los informes 6º y 7º que el país presentó el 30 de agosto. Esto es importante porque debe tener impacto en la agenda nacional. Cabe aclarar que el término “niño” usado en la Convención se refiere a toda persona menor de 18 años, por lo que abarca a niñas, niños y adolescentes.
Una de las principales preocupaciones del Comité fue la participación de los niños en los conflictos armados, la venta de niñas, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
El Comité se mostró preocupado “por la alta prevalencia de la violencia sexual, especialmente la violación que afecta principalmente a las niñas indígenas, así como el abuso sexual en las escuelas; el perpetrado por personal religioso y la falta de medidas adecuadas de investigación y rendición de cuentas en casos de abuso sexual, explotación y violencia, y las medidas de compensación y rehabilitación para las víctimas.”
El Comité expresó su preocupación por “los altos niveles de homicidios y feminicidios infantiles, incluyendo aquellos cometidos por la policía, así como las altas tasas de desapariciones forzadas de niños”.
El Comité se mostró preocupado también porque la policía, los fiscales y los soldados comúnmente utilizan la violencia y la tortura para obtener confesiones y se involucran en otros abusos contra los acusados de crímenes incluidos los niños. Específicamente se habló del aumento de la inseguridad y del impacto negativo en la vida y desarrollo de los niños al crimen organizado, la violencia armada y los cárteles de la droga.
Asimismo, respecto al reclutamiento infantil y el uso de niños en hostilidades, se le pidió al país que se asegure que los niños reclutados y los que participen en hostilidades sean reconocidos y tratados como víctimas para garantizar su protección y derechos, especialmente en el contexto de medidas tomadas para garantizar la seguridad pública, así como la protección contra la violencia armada por grupos armados no estatales. Se recomendó crear un Programa de desmovilización para los adolescentes reclutados y que se adopte una estrategia nacional para abordar la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se instó al país para que “adopte medidas para abordar las causas profundas de la deserción escolar y detectar a los niños en riesgo o fuera de la escuela para prevenir la deserción estudiantil en particular entre los niños en situación de vulnerabilidad”.
En el tema específico de las escuelas de tiempo completo, se le pidió a México que considere “revertir su cancelación o fortalezca nuevas medidas para mitigar plenamente sus efectos negativos…”. También hizo referencia a “los riesgos asociados con la violencia de pandillas”.
El Comité puso el ojo en “la disminución del gasto social destinado a la infancia en particular para el grupo de edad de la primera infancia durante el período 2018-2023 que ha provocado un aumento de las privaciones sociales en los estados del sur y en las áreas rurales”.
Estas recomendaciones derivadas de convenciones internacionales suscritas por México no pueden quedar fuera de la agenda nacional. Se trata del presente de muchos niños, niñas y adolescentes y, en consecuencia, del futuro de México.
Catedrática de la UNAM @leticia_bonifaz
