No sé si han visto la película Buscando a Nemo, pero en la escena donde los peces logran escapar de la pecera del consultorio del dentista y, ya en el océano, se preguntan "¿y ahora qué sigue?", me parece una analogía adecuada para reflexionar sobre la situación de la reforma judicial en México. Esta semana, todas las esperanzas de revertir la reforma quedaron finalmente sepultadas. Aunque esto era previsible desde septiembre, ahora es una realidad que, nos guste o no, está respaldada constitucionalmente.
La reforma incluye figuras problemáticas, como los jueces "sin rostro" y ciertas limitaciones constitucionales que afectan el reconocimiento de derechos para comunidades específicas, como poblaciones LGBTIQ+ y mujeres. Entonces, ¿qué sigue? ¿qué debemos hacer? Podemos lamentarnos, burlarnos de quienes lo hacen o reflexionar sobre un panorama que, a todas luces, está polarizado. Por un lado, están quienes criticaron siempre esta reforma, siendo tachados de conservadores y reaccionarios; por otro, aquellos que la defendieron a ultranza, a menudo sin siquiera leer el texto completo. Esta semana, finalmente, como dice la canción de Emmanuel, "todo se derrumbó": la Corte se vio impedida política, jurídica y socialmente de abordar a fondo la discusión sobre la reforma judicial, y aunque el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá tenía algunos elementos interesantes, quedó atrapado en el formalismo jurídico. Ahora que esta realidad se ha materializado, debemos preguntarnos: ¿qué sigue y qué podemos hacer para mirar hacia adelante?
Por otro lado, los tres poderes de la Unión ya publicaron sus convocatorias para recibir documentos de quienes aspiran a ser jueces, y desde el inicio han surgido problemas. La primera convocatoria en ser publicada fue la del Poder Legislativo, la cual, al parecer, se hizo "a las prisas": faltan varios aspectos importantes sobre la función jurisdiccional. Es inaceptable que para el Poder Legislativo un magistrado o ministro no necesite tener conocimientos en materia penal o exigir experiencia profesional de al menos tres años para jueces, algo que el texto constitucional que votaron no lo exige.
La convocatoria del comité evaluador del Poder Judicial, si bien fue el único que transparentó el proceso de elección de su comité evaluador, también presenta aspectos preocupantes, como la exigencia de evaluaciones que no están en el texto constitucional, incluidas pruebas que parecen más filtros burocráticos que medidas de competencia. En el caso del comité evaluador del Poder Ejecutivo, además de tener integrantes con serios conflictos de interés, su publicación en el Diario Oficial resultó incompleta al omitir el anexo con detalles importantes.
Retomando la pregunta inicial: ¿qué sigue? Nos toca exigir como sociedad civil, como estudiantes y ciudadanos activos, dejar la apatía y buscar una mejora en el proceso de selección de jueces. Necesitamos asegurarnos de que las personas que accedan a estos puestos lo hagan de forma transparente, sin favoritismos ni conflictos de interés. Los comités de evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo incluyen personas afines al régimen, con claros conflictos de interés, lo que complica un proceso que debería involucrar a toda la comunidad jurídica de manera abierta. Esto afecta de forma desproporcionada la vida de muchas personas, especialmente mujeres y poblaciones LGBTIQ+, quienes enfrentan obstáculos específicos en el ámbito jurídico. Desde hace meses insisto: el enfoque en los promedios como criterio selectivo impide reconocer las dificultades adicionales que enfrentan estos grupos, y las convocatorias no han hecho nada por aclarar ni mejorar esta situación; al contrario, han añadido barreras que excluyen a quienes no están alineados con el poder actual.
En un contexto donde la violencia contra mujeres y poblaciones LGBTIQ+ sigue en aumento, es esencial que el Estado reconozca y elimine estos obstáculos para que podamos acceder a cargos judiciales en condiciones de igualdad. Es especialmente urgente cuando vemos cómo se normalizan los ataques contra mujeres en redes sociales, el acoso y las amenazas contra quienes buscan espacios de representación, así como la violencia que persiste sin control. El panorama en el sistema de justicia penal luce sombrío: jueces sin rostro, una expansión de la prisión preventiva oficiosa con más fuerza… Necesitamos que las próximas personas juzgadoras lleguen a estos cargos por sus méritos y capacidades, no como resultado de procesos opacos que perpetúan una cultura de victimización que ya resulta intolerable.
