En febrero de 2024, el presidente López Obrador presentó una serie de iniciativas de reforma trascendentales denominadas "Plan C". Entre las cuales destaca la modificación y reestructuración del Poder Judicial de la Federación, lo cual ha generado un debate sobre la impunidad y la corrupción en el acceso a la justicia en México. Sin embargo, esta discusión ha dejado de lado la relevancia de otras autoridades como las fiscalías y, especialmente, la justicia cívica, que ha sido una gran ausente.
Recordemos que, como resultado de la reforma constitucional del Estado mexicano en 2008, se contempló no sólo la transición a un sistema penal acusatorio, sino también una nueva concepción de la justicia. Esta reforma buscaba evitar que todos los asuntos llegaran a la autoridad jurisdiccional. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el entonces presidente se comprometió a establecer una Ley General de Justicia Cívica, destinada a resolver problemas vecinales y disputas cotidianas en el plazo de un día, en lugar de semanas o meses. Sin embargo, ambas iniciativas quedaron en el olvido tanto en el gobierno anterior como en el actual.
¿Qué es la justicia cívica?
La Justicia Cívica es parte importante del Modelo Nacional de Policía, ya que proporciona un mecanismo rápido y eficiente para gestionar los conflictos entre ciudadanos que resultan de la convivencia diaria, evitando que estos conflictos se intensifiquen a la vez que promueve soluciones pacíficas. Como una política pública de prevención del delito, busca que los conflictos no evolucionen hacia comportamientos violentos o ilegales.
Asimismo, se encarga de imponer sanciones a favor de la comunidad por faltas administrativas y conductas antisociales, permitiendo que las personas infractoras reconozcan el daño causado y puedan repararlo.
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Según el “Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad para los Municipios de México”, los gobiernos locales son responsables de la justicia cívica mediante mecanismos de mediación y solución de conflictos originados en la comunidad, siempre que estas conductas no constituyan un delito.
Pero, ¿por qué debemos mirar a la Justicia Cívica?
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), durante el primer trimestre del 2024, el 32.8% de la población de 18 años o más experimentó al menos un conflicto o enfrentamiento en su vida cotidiana; el 68.6% de estos conflictos fueron con vecinos. Entre los conflictos que pueden escalar se encuentran los chismes o malentendidos (6.0%), pandillas (4.8%), conflictos con hijos de vecinos (4.3%) y disputas familiares (2.5%). Estos conflictos resultaron en daños psicológicos como gritos e insultos, daños físicos como golpes y heridas con objetos contundentes o armas, y daños materiales a casas o automóviles.
En este contexto, a finales de 2020, se contabilizaban 2 mil 349 juzgados cívicos distribuidos en 2 mil 149 municipios, logrando una cobertura del 87.8% de los municipios. Esto es significativo, ya que la justicia cívica juega un papel fundamental en la resolución de conflictos diarios, proporcionando una alternativa al enfoque punitivo convencional que envía todos los casos al Ministerio Público.
Para mejorar la justicia cívica en México, se pueden considerar las siguientes propuestas:
1.- Ampliación de la Infraestructura de Juzgados Cívicos en el país.
2.- Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y otras instituciones relacionadas, como la policía y organizaciones civiles.
3.- Retomar la iniciativa de una ley nacional que establece derechos, obligaciones y límites de las autoridades así como claridad en el desarrollo del sistema de justicia cívica.
Y al final...
El olvido de la justicia cívica tiene múltiples razones, entre ellas la tendencia de reforzar los códigos penales mediante la creación de nuevos delitos que entran en conflicto con las disposiciones de la cultura cívica. Esta visión punitiva como ultima ratio no fomenta realmente una cultura de paz, sino que sigue reforzando instituciones que no necesariamente contribuyen a que las personas accedan a una verdadera justicia. Si no transitamos de una visión punitivista de la justicia, estamos condenados a tener un sistema de justicia ineficiente y sobrecargado.
mahc
