En los últimos días, el debate sobre los límites de la libertad de expresión ha vuelto a encenderse, esta vez en torno a la difusión de imágenes misóginas y machistas dirigidas contra la senadora Andrea Chávez. Lo que no debería ser motivo de discusión se ha transformado en una contienda en la que los autores de dichas imágenes, respaldados por algunos sectores de la “oposición”, se escudan en una interpretación distorsionada de la libertad de expresión para justificar lo injustificable.
Es crucial recordar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Este derecho, fundamental para cualquier democracia, tiene límites claros cuando se infringe la dignidad de las personas. Tal como lo establece la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión no es absoluta y debe estar sujeta a límites cuando atenta contra la dignidad humana o incita a la violencia, especialmente en casos de discriminación de género. Las imágenes difundidas contra la senadora, constituyen un acto de violencia digital.
Pero más allá de la discusión política, lo verdaderamente importante es lo que viene: la denuncia que Andrea Chávez ha anunciado. Esta acción no solo es esencial para que se haga justicia en su caso particular, sino también para sacar a la luz las fallas sistemáticas que miles de mujeres enfrentan día tras día al denunciar la violencia digital.
Lamentablemente, es común que las víctimas de este tipo de violencia enfrentan múltiples barreras: largas esperas, falta de atención adecuada por parte de las fiscalías, y una alarmante falta de capacitación de las autoridades sobre cómo investigar estos delitos. A menudo, las víctimas son cuestionadas, revictimizadas y se les obliga a probar su dignidad en lugar de recibir justicia. Espero de verdad que no le suceda a Andrea y no enfrente las mismas dificultades que tantas otras mujeres han sufrido.
Lo cierto es que, al ser una figura política con respaldo institucional, es probable que Andrea no se vea sometida a los mismos obstáculos que las mujeres comunes enfrentan al buscar justicia. El aparato estatal la apoya, algo que no ocurre para la mayoría de las mujeres que padecen esta violencia. Ellas no solo deben lidiar con la vergüenza social, sino también con fiscalías sobrecargadas, negligentes y mal equipadas.
El informe Percepciones de Impunidad 2024 de Impunidad Cero revela un dato preocupante: el 77% de la población cree que, en México, para que un caso se resuelva, este debe volverse mediático o político. El caso de Andrea Chávez es un claro ejemplo de esto. Tras anunciar en redes sociales que presentaría una denuncia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respondió públicamente ofreciéndole apoyo. Este gesto, aunque bien intencionado, pone en evidencia las ironías del sistema. Primero, porque la Fiscalía de la Ciudad de México no es la autoridad competente para llevar su caso; al ser senadora, corresponde a la Fiscalía General de la República, según el artículo 51 fracción I letra G de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y segundo, porque esta misma fiscalía ha demostrado ser ineficaz en la investigación de delitos relacionados con la violencia digital.
Este terrible caso puede ser un parteaguas para evidenciar los obstáculos estructurales en la procuración de justicia. Como señaló la misma Andrea Chávez, la denuncia no es solo suya, es de todas. La justicia no debería depender de la visibilidad mediática o el capital político. Todas las mujeres, sin excepción, merecen un acceso igualitario y efectivo a la justicia.
La violencia sexual digital cometida contra la senadora deja claro, una vez más, que el problema de la violencia de género en México no se limita a los agresores, sino que se amplía a la respuesta, o la falta de ella, por parte del sistema de justicia. La violencia digital y de género no se solucionará hasta que todas las mujeres, sin importar su capital político o social, reciban el trato digno y justo que merecen. Por una justicia para todas.
