Esta semana fue sumamente paradigmática para las mujeres en el ámbito del derecho. Por un lado, se publicaron los listados de los tres comités de evaluación para elecciones de personas juzgadoras, donde la “sorpresa” fue la baja presencia de mujeres. Por otro lado, se cumplieron 14 años del asesinato de la activista mexicana Marisela Escobedo Ortiz frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, mientras exigía justicia por el feminicidio de su hija Rubí Frayre Escobedo. Ambos asesinatos siguen impunes. Además, se dictó sentencia en el caso de Gisèle Pelicot, un fallo que desafió al sistema de justicia penal, destacando cómo las mujeres pueden apropiarse de sus historias para exigir justicia.
Todos estos hechos nos recuerdan una verdad incómoda: el sistema jurídico no está diseñado para las mujeres, mucho menos para responder a sus emociones, experiencias y derechos. Es urgente repensar las bases de este sistema y construir un derecho verdaderamente antipatriarcal que trascienda las limitaciones de la ley tradicional.
El derecho como expresión de poder
Históricamente, el derecho ha sido una de las principales expresiones de poder en la sociedad. No solo regula las relaciones humanas, sino que perpetúa relaciones de poder desiguales. Las mujeres vivimos inmersas en un universo normativo moldeado por una visión masculina que se presenta como neutral, pero que en realidad refuerza la lógica patriarcal en todas las esferas sociales, políticas y económicas.
Además, el derecho no es una entidad separada de la política. El discurso jurídico está atravesado por una lógica sexista y masculina que se materializa en los tribunales. Este sesgo afecta no solo cómo se interpretan las leyes, sino también quiénes son escuchados y valorados dentro del sistema legal. Es aquí donde la escasa participación de mujeres juzgadoras cobra relevancia, pues su ausencia perpetúa un sistema que invisibiliza a las mujeres y refuerza las desigualdades de género.
En este contexto, el derecho actúa como un vehículo de reproducción del patriarcado. La supuesta neutralidad del sistema legal es una fachada que refuerza las desigualdades de género al no cuestionar el poder masculino ni la subordinación estructural de las mujeres.
Hacia un derecho antipatriarcal
Por ello, no basta con añadir una perspectiva feminista al derecho existente; debemos repensarlo desde sus cimientos.
Un sistema jurídico verdaderamente antipatriarcal debe cuestionar la neutralidad de la ley y reconocer las emociones y experiencias de las víctimas. No puede limitarse a incorporar mujeres en roles de poder, sino que debe transformarse.
