La reforma judicial es prácticamente un hecho. Hoy me dirijo a ti, estudiante de derecho, abogada recién titulada, o a ti abogada que has sobrevivido tantas crisis que ya perdiste la cuenta, pero sigues luchando. Te hablo porque esta reforma no nos tomó en cuenta. Ya no queda espacio para lamentos ni para culpar a nadie. A las abogadas nos ha tocado estar en medio de una confrontación de poderes, pagando el precio de un choque de egos políticos. La situación ha cambiado: ya no es una posibilidad futura, es una realidad. Y fue impulsada por un sistema político mexicano diseñado, operado y pensado por hombres, que permite que quienes ostentan el poder promuevan reformas de esta magnitud sin consultarnos.
Atestiguamos cómo el aparato estatal, a través de engaños, criminalización de la protesta y protección a agresores sexuales, logró consolidar este cambio. No importa tu apellido ni de dónde vengas: somos insignificantes ante los deseos patriarcales de quienes orquestan estos movimientos. Este cambio de paradigma nos exige, como mujeres en el derecho, replantearnos nuestro papel. Nos enfrentamos a una nueva responsabilidad para la que quizás no estábamos preparadas: socializar el derecho, acercarlo a la gente y asumir una participación más activa en la esfera pública. Nos tocará salir a las calles, reclamar y resistir, porque no podemos ser ajenas a lo que sucede.
Lo primero que debemos hacer es entender esta nueva configuración y explicársela a la sociedad, para evitar que se creen falsas expectativas sobre la justicia. Sabemos que esta reforma, una vez implementada, no resolverá los problemas de impunidad y corrupción que aquejan al sistema de justicia. Pero debemos dejarlo claro. Además, necesitamos asegurarnos de que los espacios de poder, como juezas, ministras o magistradas, no sean ocupados por hombres vinculados a agresores sexuales o por quienes encubren esas conductas. Tampoco podemos permitir que personas sumisas al poder político accedan a esos cargos. Después de todo, fue precisamente la exigencia de sumisión machista lo que nos trajo hasta aquí.
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Según el informe “Presupuesto en combate a la impunidad 2024: ¿Cuánto gasta México en seguridad y justicia?” de Impunidad Cero, nuestro país tiene un bajo nivel de inversión en el combate a la impunidad, lo que alimenta la percepción generalizada de que esta sigue siendo alta. En “Percepciones de impunidad 2024”, también de Impunidad Cero, se destaca que la confianza en las autoridades y en el proceso de denuncia es mínima: el 63% de la población cree que solo en raras ocasiones los responsables de un delito son llevados ante un juez.
Esto es especialmente preocupante en un contexto punitivo como el nuestro, donde se ha ampliado el catálogo de prisión preventiva oficiosa y se han endurecido las sanciones, reforzando la falsa creencia de que la cárcel es la única solución. En México, 8 de cada 10 personas creen que todos los delitos deben ser castigados con prisión, y 7 de cada 10 respaldan que las personas acusadas permanezcan en la cárcel mientras se determina su culpabilidad.
Pero eso no es todo. Debemos exigir que las autoridades, olvidadas deliberadamente en esta reforma, respondan a nuestras demandas. Necesitamos mejores fiscales y mejores condiciones para ejercer nuestra profesión. Esta reforma no cambia el hecho de que muchas mujeres aún no denuncian por el miedo a la revictimización o a la interminable espera en fiscalías sin recursos, con policías que revictimizan y fiscales que piden dinero para agilizar los casos.
Seguiremos pasando noches en fiscalías, rogando por atención, intentando evitar la reserva o el no ejercicio de la acción penal para las mujeres víctimas que acompañamos, y suplicando, una y otra vez, que se avance en nuestras carpetas de investigación. Pero ahora, además, tendremos que enfrentar jueces sin rostro, lo que incrementará la deshumanización del proceso judicial para las mujeres imputadas en casos de delincuencia organizada. Nos encontraremos sin saber a quién recurrir, sin transparencia y, sobre todo, sin justicia.
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Como abogadas, tenemos que enfrentar esta reforma desde donde estemos. No nos consideraron porque invisibilizaron nuestras realidades. Por ejemplo, la imposición de promedios académicos como requisito para ocupar cargos públicos afecta desproporcionadamente a mujeres y personas LGBTIQ+, quienes enfrentan barreras estructurales en el ámbito educativo. La discriminación de género, la homofobia, la transfobia y las responsabilidades de cuidado no tomadas en cuenta limitan las oportunidades para alcanzar esos promedios. Este tipo de exigencias refuerza las desigualdades y excluye a quienes podrían aportar una perspectiva crítica y necesaria para la protección de los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ en la administración de justicia.
Debemos obligar al Estado a mirarnos, y no permitir que agresores, misóginos y transfobicos ocupen estos espacios. Es momento de reclamar nuestro lugar y estar atentas a la transición. Ahora más que nunca, no podemos permitir un sistema de justicia sin nosotras. Porque no nos equivoquemos: esta reforma no se trata de justicia, ni de erradicar el nepotismo o los privilegios. Se trata de un choque de poderes. Nos corresponde resistir lo votado y hacer frente a un sistema que no está diseñado para mejorar la justicia, sino para consolidar el control político a costa de las víctimas.
mahc
