La Alcaldía Cuauhtémoc ha venido arrastrando diversas problemáticas desde hace algunos años, pese al esfuerzo de muchas autoridades y en medio de la gran transformación que experimenta la capital del país. Tres situaciones en particular parecen no dar tregua a la demarcación: la inseguridad, la falta de un ordenamiento eficiente del comercio informal y las personas en situación de calle.
Sin importar que sea una de las alcaldías más pequeñas (territorialmente hablando), la Cuauhtémoc representa uno de los puntos más importantes en materia económica, turística, arquitectónica y cultural; lo cual explica los más de 5 millones de capitalinos que a diario confluyen en sus colonias, calles y avenidas.
Por ello, entender que se trata de una realidad en la que confluyen muchas realidades es fundamental al momento de diseñar las soluciones que siguen pendientes.
De entrada, el tema de la inseguridad es preocupante. De acuerdo con los datos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la incidencia de algunos delitos de alto impacto como robo y extorsión se incrementó en un 26.4% durante el primer trimestre de 2022.
Lo anterior, sin embargo, contrasta con la estrategia de seguridad del gobierno capitalino que ha llevado a cuando menos 16 delitos de alto impacto a sus niveles más bajos en los últimos 25 años, como lo confirma la Evaluación Incidencia Delictiva. Pero el problema en la Cuauhtémoc persiste y parece responder a otros factores. El manejo ineficiente del presupuesto es quizá uno de ellos.
Y es que salta a la vista el contrato firmado por la demarcación (AC/CPS/021/2022) por 20 millones de pesos, en este año, para la contratación de servicios de seguridad privada contemplada para diversos puntos de la Alcaldía.
Además de lo cuestionada que ha sido la medida (privatizar la seguridad pública) por diversos especialistas, este tipo de decisiones nos lleva a preguntarnos: ¿por qué erogar millones de pesos en la contratación de servicios privados de seguridad en lugar de fortalecer la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuya labor ha sido fundamental para aminorar las actividades ilícitas en la capital?
Por otra parte, el ordenamiento, así como la integración económica de los comerciantes informales es otro pendiente importante en la demarcación. Datos oficiales señalan que existen aproximadamente 70 mil vendedores ambulantes, cuyos ingresos son indispensables para la manutención de miles de hogares.
El rostro de la Cuauhtémoc es peculiar. En su territorio convergen zonas tan simbólicas y contrastantes como Tepito, la Lagunilla, el Centro Histórico, Balderas, Hidalgo, la Roma Sur, la Roma Norte, la Hipódromo y la Condesa. Todas ellas con sus particulares necesidades y todas con una importante presencia de comercio informal.
Sin embargo, por varios años ha sido latente la ausencia de un plan adecuado de ordenamiento que garantice regularización, protección social, identidad y seguridad para quienes se dedican a este tipo de actividades. Y es que hoy, mientras las autoridades de la demarcación concentran sus esfuerzos en homogeneizar la imagen de los puestos ambulantes, transgrediendo su identidad cultural, problemas como la extorsión continúan lastimando a los habitantes que han encontrado en este tipo de comercio, una fuente de ingresos.
Finalmente está el tema de las personas en situación de calle. Un fenómeno que ha estado presente en la Alcaldía por mucho tiempo y que ha venido en crecimiento en los últimos años, con un alza especial tras la pandemia. Se calcula que actualmente hay por lo menos mil quinientas personas viviendo en estas condiciones, en la demarcación. Tan sólo en el Centro Histórico, por ejemplo, se tienen identificados 218 puntos donde habitan personas en situación de calle. Pero lo mismo ocurre en colonias como la Guerrero, Buenavista y Santa María La Ribera.
Un tema tan sensible y de causas multifactoriales necesita ser atendido en sus diferentes dimensiones. Desde la coordinación interinstitucional, la aplicación de protocolos de Derechos Humanos, la asistencia social, la prevención y atención de adicciones, así como en aspectos propios de servicios de salud; deben formar parte de una robusta estrategia que facilite la integración, el empleo y la atención de este tipo de población.
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