El presidente de la República ha puesto sobre la mesa la necesidad de hacer una reforma electoral de gran calado en México. De entrada vale la pena destacar el alto costo de la burocracia electoral y de los partidos políticos en nuestro país, en medio de una realidad social con profundas necesidades.

Tan sólo en este 2022, por ejemplo, el financiamiento público para los partidos políticos sumó más de 5 mil 800 millones de pesos. Se trata de una cifra que rebasa incluso el presupuesto que reciben universidades como el IPN o la UAM y que iguala a los recursos que se destinan anualmente a diversos rubros en materia de salud y seguridad.

La propuesta del gobierno de la República plantea que el financiamiento de los partidos se reduzca estrictamente a los periodos electorales, con lo cual se ahorrarían miles de millones de pesos que bien podrían destinarse a programas sociales, educación, obra pública y otros temas de mayor prioridad.

Otro de los puntos destacados de la iniciativa presidencial es la propuesta de eliminar a los Diputados y Senadores plurinominales. El tema no es nuevo. Numerosas iniciativas se han presentado sobre esta materia a lo largo de los años y desde todas las corrientes políticas. La última, por cierto, del entonces Senador Martí Batres.

Lo cierto es que el gasto que implican los plurinominales para el erario público es muy alto e incluso cuestionable si hablamos de productividad. Los 200 Diputados Plurinominales, por ejemplo, cuestan anualmente 311 millones de pesos. Además, algunos trabajos periodísticos dan cuenta de que son los legisladores plurinominales quienes se ausentan más de las sesiones que tienen lugar en el Congreso.

Ahora bien, si hablamos de la burocracia electoral, es innegable la disparidad de los privilegios que gozan los Consejeros electorales, en comparación con el grueso de la población. La percepción bruta de los consejeros del INE es de $262 mil pesos mensuales. A esto hay que sumar gratificaciones por fin de año de hasta $449 mil pesos, seguro para el retiro, gastos de alimentación por hasta $11 mil pesos y apoyo de vehículo.

Esta realidad contrasta brutalmente con la del 59% de la población mexicana que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, ganan entre uno y dos salarios mínimos. Es decir que mientras 6 de cada 10 mexicanos ganan menos de $9 mil pesos al mes, tenemos consejeros electorales que perciben 20 veces más que el grueso de la población.

La iniciativa presidencial contempla, además de reducir de once a siete el número de consejeros electorales, que éstos sean electos por el pueblo (al igual que los Magistrados del Tribunal Electoral) para evitar que sirvan a grupos e intereses políticos particulares, como ha ocurrido en el pasado.

Un episodio bochornoso y lamentable que no debe olvidarse, pues retrata la falta de empatía y respeto por el pueblo mexicano por parte de esa élite electoral, fue cuando en 2015 el Consejero Presidente hizo mofa de un grupo de indígenas que acudió a él, como autoridad, para solicitar la creación de una circunscripción para poder postular candidatos. Está de sobra comentar lo denigrante del tema.

Finalmente, otro de los puntos que mayor controversia han causado es la propuesta de constituir el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Más allá de lo que algunos opositores califican como una “intención oculta” para desaparecer al INE, la iniciativa presidencial busca ampliar y fortalecer la participación ciudadana en los procesos democráticos, para hacer partícipe al pueblo de México en el diseño y aprobación de las políticas públicas que influyen en la vida de todos.

Las democracias en el mundo son cambiantes y México no está exento de esa realidad. Su propio sistema electoral ha venido evolucionado a lo largo de las décadas y hoy, cuando la joven democracia nacional exige acabar con la burocracia; existen resistencias y voces que se niegan a ponerle un fin a los privilegios. Pero vivimos tiempos de cambio y grandes transformaciones, y son más los mexicanos que están convencidos de ello.

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